Puigdemont será candidato en las europeas porque cumple los requisitos electorales

El magistrado Tomás Cobo confirmó así la decisión avanzada este domingo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el visto bueno de la Fiscalía. Por unanimidad, los cinco magistrado resolvieron devolver la causa a los juzgados competentes, pero adelantaron que el hecho de que Puigdemont y sus compañeros estén procesados en rebeldía no era motivo para que no pudieran presentarse.

Esta decisión judicial contradice a la Junta Electoral Central, que excluyó hace una semana de la lista de la coalición electoral 'Lliures per Europa' (Junts) con los votos en contra de cuatro de los 13 integrantes del órgano, entre ellos el de su presidente, el magistrado del Supremo Segundo Menéndez, que también pertenece a la Sala de lo Contencioso del alto tribunal que resolvió el domingo.

Este tribunal no solo dio la razón a los procesados sino que recordó a sus defensas que «no hay absolutamente ninguna razón para sostener que la legislación electoral española o su práctica son oscuras ni defectuosas» como los abogados denunciaron en sus recursos.

La resolución del juzgado, de 21 páginas, detalla que «no se exige para los candidatos a las elecciones que deban estar inscritos en un censo, sino que reúnen los requisitos para ello». Añade que, en el presente caso, los procesados en rebeldía se encuentran dados de alta en un municipio español pese a que ahora residen en Bélgica. Del mismo modo, recuerda que el derecho de sufragio pasivo es un derecho fundamental, que el artículo 23 de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos españoles, «también a Puigdemont, Ponsatí y Comín». Del mismo modo, subraya que el motivo aludido por los demandantes a la Junta Electoral, el PP y Ciudadanos, de que los implicados deberían haber estado inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes «es insuficiente».

Al menos, ambas formaciones no pagarán las costas del procedimiento y podrían recurrir en última instancia, y en un plazo máximo de dos días, al Constitucional. En caso de que se concrete, la corte de garantías tendrá que reunirse de urgencia para tomar una decisión antes de que comience la campaña electoral del 26 de mayo.

En cualquier caso, la resolución del juzgado de Madrid abre la puerta a la segunda parte de este movimiento político de Puigdemont. Podrá presentarse, sí, pero no será eurodiputado si resulta elegido salvo que quiera arriesgarse a una detención segura. Para recoger el acta de parlamentario europeo deberá viajar a Madrid, según establece la legislación electoral, y nada más pisar suelo español sería arrestado porque sigue en vigor la orden de detención nacional contra él por su papel dirigente en el 'procés'. Puigdemont está huido en Bélgica desde el 30 de octubre de 2017.

Él y sus abogados confían en que no será así y que tendrá luz verde para recoger el acta al considerar que tiene inmunidad por el hecho de haber sido elegido eurodiputado. Las encuestas por ahora no lo garantizan. Pero los servicios jurídicos del Parlamento Europeo emitieron el 17 de abril un informe que echa por tierra su estrategia. Si quiere recoger el acta, deberá hacerlo en Madrid, lo que supondría su arresto inmediato por orden del juez del Supremo Pablo Llarena.

Este informe, realizado a petición del presidente de la institución, el italiano Antonio Tajani, avala las tesis de la Junta Electoral, que sostiene que es obligatorio que los europarlamentarios electos juren o prometan la Constitución en España. La inmunidad no entraría en vigor hasta el 2 de julio, con la constitución del parlamento comunitario.

Sin embargo, la defensa de Puigdemont sostiene que la inmunidad entraría en vigor desde que fuera elegido. Bajo esta premisa, el expresidente catalán llegó a asegurar hace un mes: «Si tengo el acta de eurodiputado, vuelvo a Cataluña».