La euroorden, en el punto de mira por Puigdemont

La justicia finlandesa acusaba a Stronach de la venta fraudulenta de multipropiedades vacacionales a través de una sociedad internacional que operaba en toda la Costa del Sol. La primera euroorden fue tramitada por un juzgado de la Audiencia Nacional a petición de un órgano de Helsinki. La resolución estimó que el tipo delictivo entraba dentro del acuerdo marco firmado dos años antes por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior europeos.

Este marco normativo conminaba a los 25 países firmantes al reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales con plenas garantías. Solo en tres supuestos no se podría ejecutar la OEDE: que el delito atribuido estuviese amnistiado en el país donde estuviera el acusado, que hubiera un procedimiento similar abierto en otro Estado y que el señalado sea menor de edad. Una cuarto requisito sería opcional: que el delito imputado no exista en el otro país o que se incumpla el llamado principio de la doble tipificación (la lista de 32 delitos coincidentes para poder ejecutar la entrega).

En el caso del promotor inmobiliario inglés, la Audiencia Nacional tardó menos de un mes en autorizar su traslado a Helsinki, un tiempo impensable cuando se acudía al sistema tradicional de extradición.

Stronach inauguró las euroórdenes en España, donde cada año se tramitan más de un millar. Según los datos del Ministerio de Justicia, en el último lustro se emitieron 5.537 OEDE, de las que 3.268 fueron aprobadas, casi el 60% del total (en el 2017, último conocido, se elevó al 62%). Este porcentaje supera a la media europea, una circunstancia que explica tanto el cumplimiento de los compromisos por parte de España como la confianza en este mecanismo, afirman en Justicia. «Ha sido enormemente positivo en estos 15 años», resumían también desde el PP cuando gobernaba.

Precisamente, esa confianza mutua entre países fue la que saltó por los aires tras el rechazo a las euroórdenes dictadas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en la causa del 'procés'. Pese a la aparente eficacia de esta herramienta, que ha permitido juzgar con celeridad a decenas de etarras o, por ejemplo, acelerar la entrega desde Rumania de Sergio Morate, condenado por el asesinato de dos jóvenes en Cuenca en 2015, el sistema quedó muy tocado por el caso de Carles Puigdemont.

El portazo de un tribunal regional de Alemania al juez del Supremo Pablo Llarena, que descartó la extradición del expresidente catalán por rebelión, según el Código Penal germano, provocó hace un año un terremoto político y judicial. El instructor asumió el golpe y retiró la euroorden contra los procesados en rebeldía. Pero la herida fue bastante profunda.

En el Supremo calificaron la decisión alemana como «una dentellada a la capacidad jurisdiccional española» y una «limitación intolerable a nuestra soberanía nacional». Para Llarena fue una «falta de compromiso» entre estados sin parangón.

La polémica judicial bajó entonces a la arena política. El Gobierno del Partido Popular (PP), a través del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, llevo su malestar a Bruselas y pidió a sus homólogos ampliar la lista de delitos a la rebelión y la sedición. Una idea que ha pervivido en los programas electorales no solo del PP, sino también de Ciudadanos y Vox, con la vista puesta en las europeas del domingo y en sacar rédito a la cuestión catalana.

Ciudadanos quiere reformar la OEDE para que la extradición «sea automática y más ágil»; Vox lleva tres puntos concretos, similares a los del PP, y la propuesta de reducir «al mínimo posible» los plazos de entrega, pese a que en la actualidad oscilan solo entre 15 días y dos meses. En el PSOE, aunque no lo lleva en su programa, el candidato Josep Borrel se ha mostrado favorable a ampliar la lista de 32 delitos comunes. El resto no dice nada.