50.000 millones de rédito para la España europea

Así se desprende de la última propuesta de la Comisión Europea (CE) para el marco financiero plurianual 2021-2017 -el reparto de los fondos comunitarios en esos siete años-, donde las autoridades de Bruselas calculan que España recibirá 34.004 millones de euros a cargo de la política de cohesión de la Unión, un 5% más que en el programa actual (2014-2020). Eso le convierte en el tercer país más beneficiado tras Polonia e Italia, gracias a la introducción de nuevos criterios en su distribución.

Esos factores que favorecerían los intereses españoles son la tasa de paro -en particular, la juvenil- y el bajo nivel educativo (que determinarán el 15% de los fondos), junto a la recepción e integración de inmigrantes (3%) y el cambio climático (1%). No obstante, el criterio predominante seguirá siendo el Producto Interior Bruto (PIB) de cada Estado miembro: el 81% del dinero se distribuirá según el nivel de riqueza.

El 70% de las regiones españolas recibirán algún tipo de ayuda de los Fondos de Cohesión (41.349 millones a repartir en toda la UE hasta 2027), sobre todo Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha al estar encuadradas en la categoría de «menos desarrolladas» (su PIB es inferior al 75% de la media). Otras ocho se consideran «en transición» (un PIB del 75% al 100% del promedio): Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Eso será a partir de 2021, pendiente de cómo terminen las negociaciones para elaborar el futuro presupuesto de la eurozona donde España también espera sacar provecho aunque, en principio, las reglas de reparto serán más rígidas. Ahora bien, ¿cuál es el balance de los últimos años? Pues si nos remontamos a 1989 y hacemos el cálculo hasta 2020, la Unión Europea habrá invertido 190.000 millones de euros de su política de cohesión en el país.

Y eso que durante los siete años anteriores España no ha estado entre los beneficiados del Fondo de Cohesión, aunque sí ha recibido algunas cantidades significativas -620 millones en 2014, 245 millones en 2015 o 173 millones en 2018- por las liquidaciones finales de proyectos que comenzaron a ejecutarse en etapas anteriores. La previsión presupuestaria para 2019 es que también se reduzcan las transferencias procedentes de los Fondos Estructurales (FEDER y Fondo Social Europeo), en concreto un 8,9% hasta 4.410 millones, un 18% menos que la media histórica de las dos últimas décadas.

En lo que va de siglo la mayor asignación en esa partida la recibió en 2003, con 6.996 millones, mientras que del Fondo de Cohesión obtuvo en ese año otros 1.800 millones. En cualquier caso, el saldo de transferencias obtenidas de ambos programas de los presupuestos de la UE desde el año 2000 hasta 2019 es muy positiva: prácticamente 107.516 millones, lo que representa el 8,9% del PIB actual español y una media de 5.375 millones por ejercicio.

El gasto agrario (incluida la PAC), pesquero y para el desarrollo rural ha representado, asimismo, tradicionalmente otra buena fuente de ingresos para las arcas españolas. Solo este año recibirá 6.762 millones en recursos comunitarios para esos fines. Y en otras transferencias -donde se incluyen políticas de educación, inmigración e investigación y desarrollo (I+D), entre otras- la previsión para 2019 son 1.267 millones.

Pero, ¿cuál es el saldo final entre España y la UE?, ¿quién sale perdiendo o ganando en términos financieros? Pues el país sigue sin ser claro contribuyente neto -es decir, dar más de lo que se recibe-, aunque en poco más de un lustro sí ha tenido cuatro años con saldo negativo: 2014 (-1.545 millones), 2016 (-523 millones), 2017 (-3.070 millones) y, en principio, también pasará en 2019 (-1.176 millones).

No obstante, desde el año 2000 ha obtenido de la Europa comunitaria 49.811 millones más de los que ha aportado, el 4,1% del PIB nacional y un promedio de 2.490 millones por ejercicio. El AVE ha sido especialmente beneficiado con 11.200 millones hasta 2017, el 47% de lo asignado para la alta velocidad ferroviaria de la UE. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas europeo ha criticado su «ineficiencia» por los ratios coste-beneficio «muy bajos» de algunas líneas.