El caos del día después

Las normas electorales sobre el recuento dependen de cada Estado, donde la supresión del voto de algunos grupos -típicamente minorías- sigue ocurriendo. Hay territorios que tienen todos los medios para contar los votos en pocas horas, mientras que en otros existe un plazo de más de una semana a la hora realizar esta tarea y certificar los resultados oficiales. En este ámbito, España es un país mucho más adelantado y con mayores garantías en su proceso electoral que la primera democracia del mundo. Si el resultado provisional de las elecciones del día 3 es ajustado, es probable que Trump proclame su victoria, se cierre ante la posibilidad de un contaje final adverso e incluso se niegue a abandonar la Casa Blanca la tercera semana de enero de 2021, cuando se inaugura la nueva presidencia. No se puede descartar tampoco manifestaciones y actos de violencia de milicias armadas pro-Trump, o una huelga general violenta propiciada desde la izquierda demócrata.

Centenares de abogados contratados por los dos partidos impugnarán o rebatirán cualquier iniciativa ante los tribunales del otro bando en todos los rincones del país. Hay una fecha clave en este escenario post-electoral, la del 14 de diciembre, el día en el que legalmente el Colegio Electoral debe votar quien elige como nuevo presidente. Es solo un trámite, pero en estas elecciones llenas de incertidumbre la cita cobra más relevancia. Finalmente, en un país en el que se litiga por todo, el Tribunal Supremo puede ser la institución llamada a decir la última palabra sobre el resultado, como ya ocurrió en el año 2000, cuando confirmó la presidencia de George W. Bush.

José M. de Areilza es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, Secretario General de Aspen Institute España, miembro del Colegio de Abogados de Nueva York y profesor de ESADE.