EE UU camina hacia una participación récord

De 330 millones de estadounidenses, a las urnas pueden acceder 245 millones, aquellos mayores de 18 años. Los pronósticos dan un vuelco a la estadística de 2016, cuando votó el 55% del electorado en el duelo Donald Trump-Hillary Clinton, el registro más bajo en 20 años. Algunas de las proyecciones más serias apuntan a que el próximo día 3 podría darse una participación proporcionalmente sin precedentes desde 1908, año en el que el republicano William Howard Taft, prenominado por el presidente Theodore Roosevelt, ganó al demócrata William Jennings Bryan.

Una afluencia tan elevada puede cambiar cualquier análisis de los realizados hasta ahora. También los sondeos de este fin de semana han acortado las diferencias entre Biden y Trump. No es descartable que la elección se resuelva por un puñado de sufragios. El espectro de la debacle de Florida en 2000 vuela sobre estos comicios y el interés ahora se centra en el Colegio Electoral, una decisiva y hermética figura del proceso electoral cuya tendencia a favorecer a los republicanos va en aumento.

Ganar el voto popular es importante, pero lo que cuenta en unos comicios presidenciales es el voto electoral. Un candidato puede ganar el primero y perder al mismo tiempo los 537sufragios del Colegio Electoral, como ya ocurrió en 2016 en que Hillary Clinton recibió casi tres millones de votos más, pero Trump ganó la presidencia.

Aunque el resultado del Colegio ha estado alineado normalmente con el voto popular nacional (el que gana en las urnas gana la Casa Blanca), ha habido algunos resultados atípicos muy notables, aunque raros en la Historia. Desde 2000, dos presidentes, George W. Bush (2000) y Donald Trump (2016), llegaron al Despacho Oval perdiendo el voto popular, aunque ganaron el electoral.

Varios aspectos de este organismo han contribuido a crear un déficit democrático en el proceso electoral, lo que ha reavivado el debate para reformarlo o anularlo. En EE UU los ciudadanos votan por el presidente, aunque en realidad eligen a un representante de su partido conocido como elector, compromisario o delegado. El voto popular de cada Estado se convierte así en un voto electoral en virtud de un sistema indirecto establecido en la Constitución en 1787 por los Padres Fundadores con el fin de limitar la influencia de «un público potencialmente desinformado» y del «poder que un candidato populista» podría tener en el resultado final.

El eco de aquellas intenciones fundacionales resuena particularmente insidioso en estas elecciones, en que el sistema indirecto parecería haber caído precisamente en las manos que trataban de evitar. El reparto de compromisarios republicanos y demócratas refleja la representación en el Congreso de los 50 Estados y los tres delegados del Distrito de Columbia (Washington). Y bajo el sistema representativo (de tradición anglosajona) a una sola vuelta, el ganador del voto popular de un Estado recibe luego todos sus votos electorales.

Los 537 delegados eligen al presidente en nombre de los electores de sus Estados. Se requiere una mayoría de 270. A diferencia de los sistemas parlamentarios en los que el Congreso elige de forma indirecta al presidente, el Colegio Electoral no es un lugar sino un proceso. Y comienza incluso antes de las elecciones: la selección de los compromisarios se realiza normalmente durante las convenciones nacionales de los partidos.

Bajo un sistema representativo que promulga que el ganador se lo lleva todo, el margen de victoria en un Estado se vuelve irrelevante. Por ejemplo, en 2016 los abultados triunfos de Clinton en territorios como California y Nueva York no le aseguraron suficientes votos electorales, mientras que un mínimo margen en lugares más pequeños como Pensilvania y Michigan ayudaron a Trump a llegar a la mayoría.

Otro problema del Colegio Electoral es que no todos los votos valen lo mismo. Los Estados menos poblados (como Dakota del Norte y del Sur) o los más pequeños de Nueva Inglaterra tienen sobrerrepresentación mientras los más poblados (California, Texas y Florida) están subrepresentados. Un ejemplo: Wyoming tiene un representante en el Colegio Electoral por cada 193.000 papeletas y en California lo es a cambio de 718.000. Disparidades así se repiten en todo el país. Este factor por sí mismo, unido a la irrelevancia de los márgenes, fuerza a que la clave de la victoria se esconda en un puñado de votos, especialmente de los Estados donde no está claro si son republicanos o demócratas.

En 2000, Al Gore ganó a George Bush por más de medio millón de sufragios, pero Bush se convirtió en presidente tras ganar Florida por un margen de sólo 537. Los candidatos, que suelen obtener fácilmente el favor de sus lugares de origen, se ven forzados así a concentrar sus esfuerzos en un manojo de Estados clave. En 2016, Trump ganó seis: Florida, Iowa, Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin. Así sumó 99 decisivos votos electorales a su total.

Finalmente, un tercer factor que incide en la elección del presidente proviene de la configuración de los distritos electorales de cada Estado, convertida a través de la historia en una práctica de manipulación política destinada a asegurar ventajas para los partidos. Conocida como 'gerrymandering', consiste en concentrar los votos del partido contrario en un solo distrito para garantizar que nunca alcance la mayoría en ningún otro distrito. A veces se utiliza también para obstruir el paso a un grupo demográfico en particular, político, étnico, racial, lingüístico, religioso o de clase. Algo parecido al caso de Irlanda del Norte, donde las fronteras fueron diseñadas para garantizar mayorías unionistas protestantes.

El diseño actual de los distritos electorales favorece a los republicanos y dificulta a los demócratas. De nuevo, la clave radica en la demografía. Estados grandes con más votantes blancos sin título universitario y, a menudo, con poblaciones no blancas pequeñas ayudan a los republicanos. En 2016 Trump se llevó el 67% del electorado blanco sin educación universitaria.

El debate que cuestiona la relevancia del Colegio Electoral se ha renovado y su abolición en favor de un voto popular a nivel nacional ha generado iniciativas para buscar el camino constitucional par hacerlo. La abolición, que requeriría una enmienda, supone sin embargo un esfuerzo ingente de tal calibre que prácticamente envía la tarea al territorio de lo improbable.