Otro tono en el Parlament

Al presidente del Parlament le corresponde ahora proponer candidato a la presidencia de la Generalitat en el plazo de diez días, tras reunirse con los representantes de las formaciones parlamentarias. Y es evidente que la gran incógnita de este camino hacia la normalidad tras la aplicación del artículo 155 pasa por la disposición de los actores a mantenerse dentro del estado de derecho. Rajoy ya explicitó los tres escenarios posibles: el mejor es que el soberanismo presente a un candidato ‘limpio’, sin causas judiciales en su contra; los otros dos son malos: que se presente la candidatura de Puigdemont o de cualquier otro aspirante con causas judiciales pendientes.

El acuerdo entre ERC y el PDeCAT es ambiguo: Torrent (ERC) había de ser presidente del Parlamento y Puigemont (PDeCAT) candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero no se especifica qué ocurrirá cuando se planteen los obstáculos a semejante designio. De hecho, el propio Torrent declaraba el pasado día 8, cuando todavía no era pública su designación para el cargo, que “no corresponde a Esquerra valorar los aspectos técnico-jurídicos, sino a los letrados del Parlament, que han de definir cómo se interpreta el reglamento en aquello que esté sujeto a diferentes interpretaciones”. Los letrados del Parlament ya se han pronunciado, y en el sentido bien explícito de que un debate de investidura precisa de la participación “directa y personal” del candidato, de forma que sin esa presencia no podría cumplir su “función estatutaria y reglamentaria”.

El dictamen de los letrados no es vinculante, pero la investidura de Puigdemont parece imposible mientras esté ausente de España ya que desencadenaría el inmediato recurso del Gobierno del Estado ante el Constitucional y en la práctica supondría la continuidad de la intervención a través del artículo 155. Aunque cobra cada vez más cuerpo la posibilidad de que Puigdemont regrese para ser detenido, en cuyo caso la situación sería sumamente embarazosa para las instituciones del Estado. Existe el precedente de José Carlos Yoldi, preso de ETA que fue autorizado en 1987 por el Tribunal superior de Justicia de Navarra a salir de prisión para defender su candidatura a la presidencia del Gobierno vasco.

En este escenario, Puigdemont no podría dirigir personalmente el día a día pero sí podría designar a un equipo de gobierno que reportase ante él periódicamente. Naturalmente, Puigdemont sería automáticamente destituido en cuanto fuera condenado en firme por los delitos de que se le acusa, pero pueden pasar varios años hasta que se llegue a esta situación. Ni que decir tiene que por esta vía no sólo no se conseguiría la normalización de Cataluña sino que la comunidad autónoma entraría en un túnel inquietante, cuyo final no se divisa.