JxCat y Puigdemont pierden las riendas del 'procés'

La derrota con el PSC y ERC ha sido por la mínima. Solo un escaño. Un escenario al que se agarran los herederos de Convergència para dar por bueno el resultado y pronosticar que nada se altera en Cataluña. Especialmente porque la suma del independentismo ha logrado su mejor resultado. Pero Junts, no. Ni de lejos. Ha sumado casi 563.000 votos para obtener 32 representantes en el Parlament, cayendo del segundo puesto logrado en las autonómicas de 2017 al tercero. Suponen dos escaños menos que en los comicios de hace cuatro años, en los que el candidato fue un Puigdemont huido en plena efervescencia rupturista. Con Laura Borràs como cabeza de cartel la formación pierde ahora 410.000 sufragios, casi el 40 % de los apoyos.

La mayor parte de la caída se debe a la elevada abstención registrada en la cita electoral, argumento que pueden esgrimir todos los partidos catalanes en sus análisis, pero JxCat suma otra razón de peso que ha acabado siendo definitiva. No hace ni seis meses que el PDeCAT rompió con Puigdemont y abandonó una coalición soberanista que ha acabado constituida en formación gobernada desde Bruselas. Ahora puede decirse que la excisión no le ha venido bien a nadie. Los moderados del PDeCAT se quedan fuera del Parlament con una candidatura en solitario que logra 74.000 votos. A Borràs le hubieran servido para aferrarse a la segunda plaza y evitar que ERC le superara.

Sin citarlo expresamente, Puigdemont ha lamentado «los miles de votos perdidos sin obtener representación» por la fragmentación del independentismo, pero se ha congratulado del auge del soberanismo y de que, pese a la victoria de Illa, «las fuerzas del 155 no tienen capacidad para formar gobierno» en Cataluña. En ese sentido, Laura Borràs ha reclamado unidad frente al constitucionalismo. «Superar el 50% de los votos debe tener consecuencias», ha dicho antes de brindarse a colaborar con ERC. Lo que está por ver es si la candidata será la jefa de filas de JxCat en el Parlament, ya que el Supremo la investiga por un supuesto caso de prevaricación y malversación de caudales públicos tras adjudicar a un amigo varios contratos cuando era directora del Instituto de las Letras catalán entre 2014 y 2017.