La Guardia Civil revela que el 'CNI catalán' incurrió en ilegalidades

Según los informes que el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica del instituto armado ha remitido al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la Generalitat, tras la llegada al poder en diciembre de 2010 de Artur Mas, comenzó a convertir a esa «fundación» creada por el tripartito un año antes en un verdadero servicio de espionaje sin ningún tipo de control judicial con el único objetivo de servir al proceso de independencia.

Las acusaciones de la Guardia Civil son gruesas. Los investigadores, que sitúan por tanto los primeros movimientos para la ruptura unilateral hace exactamente siete años, sostienen que Mas empezó a cebar las arcas del Cesicat a partir de 2012, llegado a quintuplicar su presupuesto en 2014 con el objetivo de convertir esa fundación en «parte esencial» de una futura «Agencia Nacional de Seguridad» de la república catalana. Es a partir de 2014, tras la firma del acuerdo de CiU y Esquerra para la «transición nacional» cuando el 'CNI catalán' se embarca en una vorágine de «posibles actividades irregulares» para convertir este órgano en una «estructura de Estado». Los atestados afirman literalmente que el Cesicat incurrió en «actividades de censura, solicitando la eliminación de páginas web de contenido no delictivo» y que, entiende la Guardia Civil, no suponían «ninguna amenaza de la seguridad de la red».

Pero el embrión de los servicios secretos soberanistas habría ido mucho más allá según el instituto armado. El centro habría llevado a cabo «controles de comunicaciones» sin autorización judicial, tanto de «interceptación de correos» como con la colocación de «aplicaciones de control de teléfonos móviles sin conocimiento de los usuarios» a través de un programa espía llamado 'Cerberus'.

Siempre de acuerdo con los documentos ya judicializados, la agencia de inteligencia controlada por los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont también ha tenido «acceso a datos y bases de datos de titularidad ajena a la administración catalana» sin permisos ningunos. De forma paralela, los espías de la Generalitat «crearon y desarrollaron» sus propias «bases de datos ilegales no sujetas a regulación ni control». Esos ficheros contenían «perfiles de activistas»; informaciones sobre «empresarios y altos cargos de la Generalitat» que fueron elaborados por «encargo» del Cesicat (hasta medio centenar de expedientes); y «datos de ciudadanos». Estos últimos archivos, argumentan los informes, fueron ya usados en el referéndum ilegal del 9-N y son una pieza clave para la «culminación del proceso de transición nacional».

Puigdemont habría dado todavía más impulso al Cesicat en su camino para convertirse en el centro de espionaje de la nueva república, de acuerdo con los análisis de la Guardia Civil. Los atestados hacen hincapié en que el 19 enero de de 2016, solo una semana después de la toma de posesión del ahora expresidente huido, el centro pasó a estar «adscrito» directamente al Departamento de Presidencia. «Es práctica común en los servicios de inteligencia el estar más próximos a los cargos a los que han de facilitar la inteligencia necesaria para la toma de decisiones», señala el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, que recuerda que los gobiernos prefieren recibir la información de sus espías con los «mínimos intermediarios».

Para la Guardia Civil es evidente que la maniobra de Puigdemont de hacerse con el control directo del Cesicat es un «cambio organizativo lógico y relevante para los fines perseguidos» (la ruptura con el Estado).

Los investigadores, a modo de resumen, explican que la utilización del Cesicat (para promover el proceso de independencia) es «extrapolable» al uso que se ha hecho de otras instituciones para el «desarrollo de las estructuras del Estado». Por ello, la Guardia Civil lamenta la falta, hasta ahora, de una investigación global sobre las maniobras de los diferentes responsables de la Generalitat desde hace siete años.

En el caso específico del 'CNI catalán' los investigadores se quejan de que hasta ahora las «diferentes denuncias» contra el centro han sido tratadas por los tribunales «como actividades o acciones aisladas» de la institución y no «desde una perspectiva más integral» en «un contexto específico que configuraría de manera distinta la tipología penal», más cerca a la «delincuencia organizada». Eso sí, en este caso con el objetivo de conseguir la independencia.