ERC se debate entre mantener su pacto con Puigdemont o dejarle caer

A la espera de conocer los ases en la manga que pueda guardarse el ex jefe del Ejecutivo catalán, el independentismo apuesta por mantener el pleno de investidura, con Puigdemont como candidato para que la «bofetada» al Gobierno central sea más sonora. En eso hay consenso entre las tres fuerzas del frente secesionista, Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Pero los recelos entre unos y otros no los disimula ni un supuesto acuerdo como el que anunciaron los anticapitalistas para poner en marcha una asamblea constituyente. Y es que, mientras los neoconvergentes trasladaron ayer toda la presión a Esquerra, y en concreto al presidente de la Cámara catalana, los republicanos cuestionaron públicamente la candidatura del exalcalde de Girona.

Para despejar cualquier duda, el diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, apretó ayer a Roger Torrent para que en la reunión de la Mesa de la Cámara catalana de mañana se autorice la investidura a distancia, a pesar de que el veto del Constitucional fue claro en este sentido. Pero los neoconvergentes necesitan tener todas las opciones abiertas hasta que Puigdemont decida qué botón pulsar. Mientras, ERC ya hace tiempo que lanza mensajes a sus socios de que el expresidente no podrá ser reelegido y que lo que la situación catalana reclama es «realismo» y un gobierno estable que gobierne desde el minuto uno. En declaraciones a ‘La Vanguardia’, el diputado Joan Tardá advirtió de que si «hace falta, habrá que sacrificar a Puigdemont». Es la petición para que se le aparte más explícita de cuantas han hecho hasta la fecha los dirigentes de Esquerra. Pero Tardá ya lo viene insinuando desde hace tiempo. La causa está por encima de las personas, y recuperar el autogobierno por encima de las ambiciones de Puigdemont.

Tras las declaraciones del diputado de Esquerra, la dirección republicana se vio obligada a salir al paso y cerró filas con el neoconvergente, pero el aviso ya estaba lanzado. La réplica de Junts per Catalunya fue que no hay plan B, y que si Puigdemont no puede ser investido este martes, la política catalana estará abocada a nuevas elecciones, escenario no deseado por Esquerra. Este es el gran dilema que tiene el ex jefe del Ejecutivo catalán: volver, no volver, dar un paso atrás, facilitar otro candidato o dejar morir recién nacida legislatura. La cuestión es que si elige seguir con el desafío arrastrará a sus socios republicanos, que son los que tienen que autorizar (en la reunión de la Mesa) una investidura a distancia, ya sea telemática, por delegación o por persona interpuesta.

Si el secesionismo apuesta por esta vía, no solo aumentará el número de dirigentes querellados, entre ellos el nuevo presidente de la Cámara, sino que forzará una elección presidencial que no tendrá ninguna validez legal, pues la sesión parlamentaria estaría suspendida por el Constitucional. «Habrá pleno», se felicitó en cualquier caso Josep Rull, de Junts per Catalunya. «Veo al Gobierno cada vez más frágil, intenta ganar en los tribunales lo que es incapaz de ganar en las urnas», añadió el exconsejero.

Tras conocer el auto del sábado del Constitucional que cerró la puerta a una investidura a distancia pero avaló la presencial, Junts per Catalunya anunció ayer que el dirigente nacionalista reclamará en las próximas horas autorización judicial para asistir al pleno de investidura. La decisión está en manos del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, que investiga al expresidente por rebelión y sedición.

Sobre Puigdemont pesa una orden de busca y captura en territorio español por la que será detenido en cuanto ponga un pie en el país. El expresidente no dispone de mucho tiempo, pero puede apelar como precedente de Juan Carlos Yoldi, un detenido por integración en banda armada que resultó elegido como diputado vasco y al que se le permitió acudir al Parlamento de Vitoria hasta que resultó condenado. Eso sí, tras ser investido, Puigdemont volvería a prisión con toda seguridad.

Ayer la candidatura del expresidente catalán insistió en reclamar la dimisión de Soraya Sáenz de Santamaría y cargó con dureza contra el Constitucional, pues a su juicio con su decisión del sábado ha «demolido el Estado de derecho». Según Pujol, la decisión supone «mantener en libertad condicional preventiva y vigilada a la democracia». «La resolución es inaudita y está fuera de un ordenamiento jurídico sólido y homologable a escala europea», señalaron los neoconvergentes. Duras críticas contra los tribunales españoles, a los que al mismo tiempo se encomiendan, en este caso al Supremo, para poder desencallar la investidura de su candidato.