A vueltas con los impuestos

Cada formación que acude a la cita con las urnas del 28M tiene su receta sobre fiscalidad «pero al hablar de materia impositiva en el ámbito autonómico debe implicar también el asunto de la financiación del gasto público. Los ingresos y gastos deben guardar la debida correlación, como no puede ser de otra manera, pero nos parece interesante que se aborde también la responsabilidad en el gasto público, de su eficacia y eficiencia y de las formas de medirla», sostiene el presidente del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez Tarragona.

Según un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos, nuestra comunidad sigue estando entre las que tienen una presión fiscal más baja, pero ha perdido escalafones a nivel nacional. En 2020 ocupaba el cuarto puesto después de Madrid, País Vasco y Canarias. Ahora, ese documento del IEE sitúa también por delante de La Rioja a Castilla y León, Andalucía y Galicia.

Gómez Tarragona cree que «precisamos un sistema tributario más moderno» y donde las figuras impositivas «respondan a las nuevas formas de riqueza existentes en la economía actual. Y donde se sepa equilibrar las contribución al sostenimiento del gasto público con el debido incentivo a la generación de riqueza». El presidente de los economistas incide también en la fiscalidad ecológica o en la lucha contra la despoblación porque, como ya plantean algunos partidos, para evitar que se vacíen los pueblos quizá haya que bonificar a los negocios y servicios que se implanten en zonas rurales.

Los socialistas mantendrán la progresividad en el sistema tributario para conseguir una redistribución justa de la renta y de la riqueza, sin elevar la carga impositiva de la clase media y trabajadora. La lucha contra el fraude fiscal es otra prioridad porque supone «una quiebra de la legalidad y un ataque a la sociedad». Propone también revisar los impuestos propios para fijar un sistema que permita alcanzar el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Los costes en esta actividad «deben ser soportados por quienes los producen».

El desafío del PP es convertir a La Rioja en la región con los impuestos más bajos de España. Plantea para ello eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones entre padre e hijos y cónyuges, rebajar el IRPF tres puntos –0,5 puntos por cada uno de los seis primeros tramos– para beneficiar a un total de 163.000 riojanos o recuperar la deducción fiscal por la compra de vivienda realizada a partir de enero de 2013 –hay 20.000 hipotecas de ese periodo en nuestra comunidad según sus datos– hasta un importe de 750 euros.

Plantea el blindaje por ley de la deflactación automática del tramo autonómico del IRPF para mitigar el esfuerzo fiscal «porque las administraciones rozan el afán confiscatorio cuando pretenden recaudar sin constatar el aumento de la capacidad económica». Asimismo, propone estudiar las bonificaciones del IBI y ampliarlas a edificios con actividad económica y una deducción del 100% en la declaración de la renta en los gastos de las actividades extraescolares de los más pequeños.

La coalición tiene una batería de medidas entre las que destaca el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio, las reducciones impositivas para los niveles de renta más bajos y los aumentos para los más altos, el impulso a la fiscalidad ecológica, las deducciones para las inversiones medioambientalmente sostenibles, las desgravaciones por atención a personas dependientes o limitar la deducción en IRPF del 20% de las inversiones en comprar acciones a empresas de economía social.

La coalición del Partido Riojano y España Vaciada quiere poner fin al 'efecto frontera' «que tanto perjudica a nuestra comunidad porque no puede ser que cada día 48.000 riojanos salgan fuera a trabajar». Esto puede suponer que muchos decidan, con el paso del tiempo, emigrar e instalarse en su lugar de trabajo y se resientan las arcas de la Hacienda regional. Apuesta, en este sentido, por una fiscalidad más atractiva diferenciada –para evitar la fuga de profesionales– y una discriminación positiva para los núcleos rurales.

Esta formación política pretende reducir «al máximo» todos los impuestos y tasas autonómicas y establecerá también un sistema de bonificaciones y deducciones para vivienda habitual y empresa familiar. Asimismo, impulsará una bajada del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) en todos sus tramos y también establecerá incentivos y deducciones a familias y empresas de La Rioja. Otra de sus principales propuestas pasa por rebajar todo lo posible el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a los ciudadanos de la región.

Reivindica una fiscalidad diferenciada por las características de La Rioja y sus 174 municipios, «muchos en riesgo de despoblación y esto merece una atención especial –en materia de impuestos– para proteger los servicios». También apuesta por una fiscalidad diferenciada para proyectos de interés genera que creen empleo y atraigan inversiones y para aquellos relacionados con salud, bienestar social, investigación o ciencia. Y quiere avanzar en la rebaja del IRPF a determinados tramos de ingresos para ayudar a las familias.

Este partido denuncia que, según los datos de los técnicos de Hacienda, el fraude fiscal en España asciende a 91.600 millones al año. El 70% «lo cometen grandes fortunas y empresas» pero el 80% de la plantilla de inspectores «se dedica a comprobar e investigar pequeños fraudes e irregularidades de autónomos y pymes». Propone elaborar un formato único para presentar las declaraciones tributarias o introducir el formato electrónico para remitir expedientes entre las comunidades y los tribunales económico-administrativos.

La formación regionalista denuncia el «constante incremento» del importe de los tributos que paga la ciudadanía en La Rioja. Por ello propone en su programa reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. En este sentido, Vinea tiene «estadísticamente comprobado» que la dotación de vehículos por cada familia en La Rioja es de dos –turismos, preferentemente– «y una rebaja en el pago del impuesto supondría un ahorro considerable» para los hogares de la comunidad autónoma.