Fiscalía ordena que Anticorrupción se encargue del fraude en Melilla dada su «gravedad»

La envergadura que va tomando este pucherazo hizo que hoy la Fiscalía General del Estado, que ya señala sin ambages a CpM como responsable de esta «operación a gran escala», ordenara a Anticorrupción tomar las riendas del caso porque, además, ya hay pruebas de que pudo usarse dinero público para comprar los sufragios.

Este viernes Correos informó que ha dado por buenos 5.814 votos por correo en Melilla, casi la mitad de las solicitudes tramitadas en la ciudad autónoma para las elecciones del 28-M que fueron 11.707 sobre un censo electoral total de cerca de 55.000 inscritos. O lo que es lo mismo, la décima parte de los votantes de la ciudad autónoma finalmente, y a pesar de toda la polémica, ha recurrido a esta fórmula bajo sospecha en Melilla.

Ese 10,5% de los electores melillenses que vota este 28-M por correo prácticamente cuadruplica la media del resto del país, en el que solo el 2,7% del censo vota por correo este domingo. Un total de 984.108 ciudadanos de los 35.539.085 electores de toda España han registrado su voto válido por correo para las elecciones autonómicas y municipales, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al número de votos por correo admitidos en los comicios de 2019, que también coincidieron con las europeas.

Las 11.727 solicitudes para las elecciones del 28-M en Melilla llegaron a triplicar los 4.210 votos por este procedimiento que se registraron en las elecciones de hace cuatro años, cuando la ciudad autónoma ya batió todos los récords nacionales de sufragios postales.

En Ceuta se han ejecutado finalmente 1.969 votos por correspondencia, una media mucho más acorde con la nacional. Y es que si la media del país (2,7% del total) se aplicara a Melilla deberían haberse registrado menos de 1.500 votos por correo en la ciudad autónoma. Precisamente esa estimación es con la que siempre ha trabajado la Brigada de Información de Melilla: que la trama de compra de votos que salpica a CpM con la detención de familiares del líder de la formación, Mustafá Aberchán, estaría detrás de cerca de 10.000 de las 11.727 solicitudes de votos postal realizadas.

De acuerdo con esos cálculos, a pesar del golpe policial y las restricciones de la JEC y JEZ a la presentación de votos, la red de fraude masivo electoral habría logrado colar más de 4.000 votos en las urnas a través de las oficinas de Correos.

Esas cerca de 4.000 papeletas ya validas y que estarían bajo sospecha son poco más de la tercera parte de las 11.727 personas que pidieron el voto. Cerca de 6.000 supuestos votos fraudulentos ya comprados por la trama de compra de sufragios –explican mandos de la investigación- no han logrado validarse y esas papeletas han acabado quemadas o en los buzones de correos ordinarios sin ser aceptadas.

Sin embargo –recalcan estos mismos responsables policiales- esos 4.000 votos bajo sospecha pueden ser decisivos para la gobernabilidad de Melilla, donde se reparten 25 escaños y todo se decide por un puñado de sufragios. En 2019, el PP obtuvo 12.943 votos, CpM 10.472, PSOE 4.928, Vox 2.655 y Ciudadanos 1.897. O sea, esos cuatro millares de votos postales sospechosos, por sí solos, ya se convertirían en la cuarta fuerza de la ciudad, un peso electoral inédito en la democracia española y en ningún otra consulta.

La envergadura que va tomando el supuesto fraude después de la aceptación de esos más de 5.000 votos postales, hizo que este viernes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encargara a Anticorrupción que asumiera el caso. García Ortiz defendió dejar en manos la Fiscalía especial la investigación debido a la « gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político» de los hechos bajo sospecha por su «pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones del domingo.

García Ortiz explica que, «suponiendo los hechos una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo a su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular, así como teniendo en cuenta la complejidad de las investigaciones a desarrollar, se estima que concurren los presupuestos que permiten la atribución de la competencia para el despacho del asunto a dicha Fiscalía Especial».

El decreto detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional «han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».

El máximo responsable del Ministerio Público precisa que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».

«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma», abunda el fiscal jefe.

Lo ocurrido en Melilla, apunta el decreto del fiscal general, podría ser constitutivo de delitos electorales pero también de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.