Los partidos se la juegan tras una campaña sacudida por Bildu y la compra de votos

Los socialistas -que tienen como objetivo retener, con ayuda de sus socios, todo el poder conquistado hace cuatro años en sus comicios más exitosos en más de una década, nueve autonomías y 22 capitales de provincia- llegaron a la pegada de carteles con las encuestas augurando una batalla muy reñida, pero con la perspectiva de tener que lograr una movilización imprescindible para no ser superados por la derecha especialmente en plazas tan codiciadas como la Comunidad Valenciana y con el viento, aparentemente, de cola.

Los asuntos que más podrían haber contaminado el ambiente - la ley del 'solo sí es sí' o las reformas del Código Penal para derogar la sedición y rebajar la malversación- quedaban ya lejos en unos tiempos en los que la información corre y abunda. Habían logrado cerrar la última discusión con sus aliados y aprobar la ley del derecho a la vivienda justo a tiempo para usarla como reclamo; estaban sacando jugo a las criticas de la Comisión Europea al plan de regadíos de los populares y Vox en Doñana; contaban con el comodín del BOE para repartir golpes de efecto (incluso a costa de enfadar a un Podemos ninguneado); y el presidente de EE UU, Joe Biden, había invitado a Sánchez a la Casa Blanca en la apertura de campaña. Pero ya ese día todo se torció.

La denuncia de Covite de que Bildu había incluido a 44 condenados por terrorismo en sus listas dio a Alberto Núñez Feijóo una munición que le permitió poner el foco en los lazos de Sánchez con la formación de Arnaldo Otegi durante días, aunque por el camino él tuviera que lidiar a su vez con una Isabel Díaz Ayuso decidida a ejercer un liderazgo propio y con un Vox empeñado en dificultarle la soñada reagrupación de la derecha, llevando la crítica al extremo de pedir la ilegalización de los independentistas.

El CIS publicado este lunes ya reveló que el asunto había pasado factura al PSOE, aún con un 15% de indecisos. Y el goteo de casos de compra de votos y escándalos de distinta índole, que han convertido los últimos días de campaña en un reguero de noticias más propias de la sección de sucesos que de la de política, no ha resultado el mejor acicate.

Quizá sin el escándalo protagonizado por Coalición por Melilla en la ciudad autónoma, el más relevante de todos los fraudes destapados, ni el caso de Mojácar habría cobrado tanto vuelo ni el de la localidad murciana de Albudeite habría sido tratado como algo más que una anécdota. Pero el cuadro general -que incuye la petición de imputación de su secretario de Organización andaluz, Noel López, por el secuestro de una edil en Maracena (Granada) en febrero- resulta especialmente ingrato para Ferraz.

Los populares no dejaron pasar este viernes la oportunidad de tirar por elevación. «Con estos casos de presunta corrupción electoral, es lamentable que el PSOE haya rebajado las penas por corrupción», apuntó Feijóo. Entre los socialistas hay posiciones encontradas sobre cuánto puede incidir lo sucedido más allá de las localidades concretas afectadas y tal vez, admiten, de Andalucía en su conjunto, donde pese al éxito de Juanma Moreno aspiran a ganar en estas municipales y a asegurar la Alcaldía de Sevilla.

Pero el mensaje de Sánchez en su último día de mítines resultó revelador. «Aquellos que quieren hacer de la vivienda un pelotazo urbanístico, que buscan en la sanidad y la educación pública un negocio, lo que no quieren es que vayamos a votar y por eso embarran la política y descalifican, porque conocen muy bien las consecuencias del poder del voto», advirtió para conjurar la abstención.

El jefe del Ejecutivo optó esta vez por cerrar campaña en Barcelona y no Madrid. Lo mismo que Yolanda Díaz. Es para ambos -con Jaume Collboni uno y Ada Colau la otra- una ciudad clave para medir su fortaleza en este gran ciclo electoral. Podemos, en cambio, se juega el ser o no ser y su capital ante Sumar en Madrid, donde Ione Belarra e Irene Montero pusieron el broche a su intento de convencer de que siguen siendo necesarios para evitar que el PSOE ladee hacia la derecha.

Los populares, obligados a sumar más que la izquierda para recuperar poder territorial y mantener a raya a Vox

El cúmulo de casos por presunto fraude electoral que salpica al PSOE, con cargos implicados en distintos municipios, y el número dos del partido en Andalucía señalado ante la justicia como «presunto inductor» del secuestro de una concejal en Maracena, representa una «mascletá perfecta» para el PP de cara al 28-M. En Génova están satisfechos por cómo ha ido la campaña tras «el regalo» inesperado de la compra de votos por correo, que creen que «desmoviliza al votante socialista», y la decisión de EH Bildu de incluir en sus listas a 44 etarras condenados, siete de ellos por asesinato, que les proporcionó munición contra Pedro Sánchez. Fue Isabel Díaz Ayuso, quien elevó una vez más el altavoz, en este caso para arengar a la militancia congregada en el mitin de cierre de Madrid junto a Alberto Núñez Feijóo y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. «Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo», clamó la presidenta madrileña.

Más precavido, el equipo de Feijóo admite que la nota global de esta cita electoral dependerá no tanto de la mejora en número de votos como de la consecución de nuevos gobiernos. En las elecciones municipales y autonómicas de hace cuatro años, el PSOE fue el partido más votado en los ayuntamientos, conservó los seis ejecutivos que ya dirigía (Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura) y sumó Navarra, Canarias y La Rioja. En estos comicios, los populares están obligados a recuperar poder territorial y arrebatar a los socialistas alguno de sus bastiones de primera categoría si quieren dar cuerpo al cambio de ciclo.

En la dirección nacional se muestran optimistas de cara a un resultado que servirá para consolidar a Feijóo y que hará de termómetro sobre las posibilidades reales del político gallego de llegar a final de año a la Moncloa. «Todo va muy bien», aseguran en Génova. La sensación generalizada es que recuperarán algunos de los grandes feudos del PSOE y que obtendrá una victoria en el cómputo global de los comicios locales. El PP gobierna en 13 capitales de provincia y espera salir de las urnas con capacidad de controlar más de una treintena. Sin embargo, en el equipo de campaña prefieren echar el freno y ser prudentes porque las encuestas han venido a coincidir hasta ahora en que todo está muy reñido y que el partido necesitará a Vox para hacerse con gobiernos municipales y autonómicos.

Pero Feijóo no quiere depender del partido de Santiago Abascal. O al menos obligarle a mantener una posición no tan relevante y apartada de la gestión, sumando más que la izquierda y con pactos puntuales que no 'contaminen' su estrategia moderada. De ahí que el líder de los populares y todos sus dirigentes territoriales se hayan volcado en la recta final en apelar a la concentración del voto útil en torno a las siglas del PP y desactivar así también el voto residual que mantiene Ciudadanos.

Los conservadores han querido replicar el ejemplo andaluz, donde todos los sondeos vaticinaban un Gobierno de coalición con Vox pero las llamada en los último días de campaña a concitar el voto en torno al PP acabaron dando una inesperada mayoría absoluta a Juanma Moreno. Y antes de sentarse a negociar con Vox, Génova ofrecerá al PSOE un acuerdo para que gobierne la lista más votada. Aunque se quede en un brindis al sol, la dirección del PP verbalizará esta propuesta, a la postre una coartada para legitimar hipotéticos acuerdos con la extrema derecha ante el 'no' de los socialistas.

Los morados marcaron la vivienda como eje central de su campaña, pero las listas de EH Bildu y la compra de votos les ha mermado la iniciativa

Podemos ha roto en esta campaña dos de las tradiciones estratégicas con las que encaró las últimas elecciones: la de no hacer fuego amigo contra otras formaciones de izquierda y la de aspirar a «asaltar los cielos» a fin de centrase en intentar ganar el «voto útil». Aunque los morados habían aparcado el pulso contra los partidos de la órbita de Sumar, el proyecto político de Yolanda Díaz, la necesidad de obtener al menos el 5% de los votos para no quedarse sin representantes en plazas clave como Madrid o la Comunidad Valenciana les ha forzado a dirigir sus balas hacia el PSOE –«Se pone de rodillas ante la derecha», han repetido en cada acto– y Más Madrid o Compromís –«La izquierda cuqui», como los definen–.

La formación que dirige Ione Belarra ha tenido que reinventar su táctica sobre la marcha, después de haber diseñado el eje central de su campaña como un plebiscito sobre la ley de vivienda, cuya aplicación corresponderá a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero ha acabado por nadar contracorriente para intentar sacar cabeza entre los asuntos que ha marcado las dos semanas previas al 28-M: la inclusión de condenados en las listas de EH Bildu y la compra de votos.

Perdida la iniciativa y en un segundo plano, los morados, que concurren este domingo en multitud de municipios y autonomías de la mano de Izquierda Unida, optaron por elevar el tono y lanzar mensajes llamativos desde el Congreso o el madrileño barrio de Salamanca. Desde las camisetas con la foto del hermano de Isabel Díaz Ayuso que portaron Belarra o la candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, hasta lonas en las que llamaban despectivamente «cayetanos» a los electores del Partido Popular.

En paralelo, la ministra de Derechos Sociales se ha liberado de la sombra de Pablo Iglesias –protagonista en varios actos, pero con un rol secundario– formando tándem con su número dos, Irene Montero, en una campaña en la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha optado por protagonizar un ejercicio de equilibrismo político al apoyar al mismo tiempo a Podemos y a las fuerzas de la órbita de Sumar que compiten este domingo contra ellos. Y sin coincidir con Belarra y Montero en ningún mitin.

El líder de Vox mantiene perfil bajo en Madrid pero redobla su presencia en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde la derecha podría sumar

De Valencia a Toledo con perfil bajo en Madrid. La ruta de la caravana de Santiago Abascal por la campaña electoral ha telegrafiado las plazas en las que Vox aspira con mayores posibilidades a formar parte de eventuales gobiernos de coalición con el Partido Popular: la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Una ruta en la que la inclusión de exetarras en las listas de EH Bildu ha servido de baza al partido para librar un duelo en contundencia con la baronesa de los populares, Isabel Díaz Ayuso, y convertir las autonómicas y municipales en un plebiscito contra las políticas de Pedro Sánchez.

Abascal lanzó durante la precampaña una enmienda a la totalidad contra todas las medidas puestas en marcha por el presidente del Gobierno en la legislatura y en las dos últimas semanas, Abascal le ha acusado de «intentar recopilar todos los delitos del Código Penal, desde compra de votos a secuestro».

La otra andanada la han dirigido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusan de «soberbio» por descartar, de antemano, los pactos postelectorales con Vox. En unos comicios que tendrán una lectura de primera vuelta de las generales, los de Abascal confían en convertirse en llave de gobierno de las autonomías en juego, con la convicción de que obtienen mejores resultados a nivel nacional que en las municipales y autonómicas.

La formación naranja afronta el 28-M con todas las encuestas en contra en la mayoría de las autonomías y municipios donde se presenta y en riesgo de perder casi toda la representación lograda en 2019

Ciudadanos no quiere morir antes de tiempo. La formación, que desde enero lideran la dirigente balear Patricia Guasp y el eurodiputado Adrián Vázquez, afronta el 28-M con todas las encuestas en contra en la mayoría de las autonomías y municipios donde se presenta y en riesgo de perder casi toda la representación lograda en 2019. Entonces, fueron el tercer partido más votado, consiguieron 2.789 concejales y sumaron cuatro nuevos ejecutivos (solo gobernaban en Andalucía, con el PP) a su haber: Castilla y León, Murcia, Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Cuatro años después, los liberales se aferran al calor de la calle y a los cálculos en territorios como Aragón, Murcia y Asturias, más el Consistorio de Madrid como pieza «clave», para conservar todavía la esperanza. En la cúpula naranja deploran la llamada al voto útil del PP, donde preocupa que el voto resiliente de Ciudadanos complique la capacidad de vuelco a la derecha en enclaves tan relevantes como la Comunidad Valenciana, y piden meter este domingo en el sobre la papeleta con sus siglas porque son «el único partido limpio, digno, reformista y valiente, que dice la verdad a la gente».