El Gobierno de Melilla cesa al consejero detenido por la compra de votos

La destitución del consejero, que no había sido anunciada por el Ejecutivo melillense, se ha publicado este miércoles en el BOE. El cese de Ahmed Al-Lal, que fue uno de los detenidos diez en la operación policial el martes, ha sido decisión personal del alcalde-presidente de Melilla, Eduardo de Castro González, único diputado que obtuvo Ciudadanos en la Asamblea, aunque fue expulsado de la formación naranja en 2021. Castro llegó al poder por un acuerdo entre Coalición por Melilla (CpM) como partido mayoritario con cinco consejeros y tres viceconsejeros, y el PSOE que, aunque tiene cuatro diputados en la Asamblea, solo tres de ellas forman parte del Ejecutivo.

Admed Al-Lal aseguró el martes tras su puesta en libertad que se trataba de una víctima de una «persecución política» por parte de la Delegación de Gobierno. En declaraciones a los periodistas, el arrestado, que se acogió a su derecho de no declarar ante la jueza, dijo haber quedado en libertad sin cargos, extremo negado por la Policía, que se quedó con su móvil y con su pasaporte.

El martes en Melilla, además del consejero ahora destituido fueron detenidas otras nueve personas, entre ellos dos familiares de Musfafá Aberchán, el líder de CpM. El resto de los arrestados son supuestos miembros de base de la red que consiguió hacerse con no menos de 10.000 papeletas para el sufragio postal a cambio de cantidades que oscilaban entre los 50 y los 200 euros, según fuentes conocedoras de las pesquisas. A los sospechosos, que quedaron en libertad a disposición de la justicia, se les atribuye un delito contra la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y otro de pertenencia a grupo criminal.

Los agentes practicaron un allanamiento en un local de tratamiento de datos de CpM y llevaron a cabo otros nueve registros en diversos puntos marginales de la ciudad como Farhana, Tadino de Martinengo o La Cañada de Hidum. En ellos se incautaron de diversas cantidades de dinero y documentación, además de votos listos para ser entregados en Correos.

En la investigación en marcha se indaga, asimismo, el supuesto intento de soborno de funcionarios de Correos en Barcelona para registrar votos con destino a Melilla. Su tramitación ya se había solicitado, pero no se habían registrado todavía ante la exigencia de las autoridades electorales del DNI para identificar a las personas que entregan las papeletas en las oficinas postales de la ciudad norteafricana.

La Brigada Provincial de Información y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla tienen bajo su radar, al menos, a 32 miembros de la supuesta trama. Muchos de ellos son delincuentes de poca monta -sobre todo dedicados al trapicheo de hachís-, a los que la red habría encargado localizar y captar a miembros de familias vulnerables melillenses para comprar su voto por correo. Barriadas completas, relatan los investigadores, habrían accedido a vender sus sufragios a los miembros de esta trama formada tanto por ciudadanos españoles como marroquíes.

La investigación policial se inició hace una semana después de que la Delegación del Gobierno detectara un fortísimo incremento en las solicitudes de voto por correo en la única oficina postal de la ciudad. Melilla superó el jueves por la tarde -cuando en un principió se cerró el plazo de solicitudes de voto postal que finalmente se ha ampliado hasta el 25 de mayo- las 11.000 peticiones. Es decir, cerca del 20% del censo, más del doble que en las elecciones de 2019 y muy por encima de la media nacional, que ronda el 2,84%, o de Ceuta, con el 3,3%.

Las sospechas de Interior provocaron también la intervención de la Junta Electoral de Zona y de la Junta Electoral Central para obligar a identificarse con el DNI a cualquier persona que entregara votos de Melilla en la oficina local o en cualquier otra del país. Esa medida cortó de raíz el posible fraude. De hecho, de las más de 11.000 peticiones, solo 1.882 -el 16%- han sido selladas en Correos.