La Junta Electoral excluye a la exetarra Majarenas de la lista de Bildu de Astigarraga

El orillamiento de la hasta este jueves candidata por Astigarraga constituye la segunda victoria de las víctimas en su denuncia del intento de blanqueamiento que atribuyen a EH Bildu de quienes fueron condenados por delitos de violencia terrorista. Primero, fue la denuncia de los 44 candidatos con mácula por parte de Covite la que acabó llevando a los siete candidatos con cargos por asesinato a su espalda a anunciar que no tomarán posesión de los escaños municipales en caso de ser elegidos. Y ahora es Dignidad y Justicia la que logra demostrar que al menos en el caso de Majarenas sí resta una parte de la pena de inhabilitación por cumplir, lo que la convierte en inelegible en aplicación de las previsiones del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

La asociación que comanda Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA y parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, pidió la anulación de toda la lista de Astigarraga -lo que la Junta Electoral no ha aceptado- por la presencia de Majarenas en la misma. En su denuncia, Dignidad y Justicia hacía repaso de la condena que en 2007 le impuso la Audiencia Nacional, confirmada luego por el Supremo, de ocho años de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo público por integración en organización terrorista, además de otras sanciones.

Acogiéndose a los precedentes en su día de Iker Casanova, hoy aspirante a la presidencia de la Diputación de Vizcaya por EH Bildu, y de su líder, Arnaldo Otegi, la asociación de víctimas requirió a la Junta Electoral de Zona, con traslado a la Central y a la Audiencia Nacional, la anulación de la candidatura al interpretar que la Fiscalía no había contabilizado correctamente la liquidación de la condena de la exetarra.

O lo que es lo mismo: que si se tenía en cuenta que Majarenas salió de prisión el 9 de abril de 2018, tras purgar su pena de privación de libertad, y pesaba sobre ella una inhabilitación absoluta superior a diez años, esta no vencería hasta 2028. En sus argumentaciones, Dignidad y Justicia cita el precedente de Casanova como la primera vez que logró destapar, en 2015, la disonancia que existía en la determinación del cumplimiento de las penas, dado que no se incorporaba a las liquidaciones de condena la fecha de extinción de las sanciones de inhabilitación, como seguiría ocurriendo con las hojas de los históricos penales.

Fueron esas hojas, precisamente, las que cotejó la Fiscalía para fijar en un decreto del 17 de mayo que «del examen de esta documentación no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que nos permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inelegibilidad» en ninguno de los casos de los 44 condenados incluidos en las planchas de EH Bildu.

Aunque quiso subrayar que esta postura no queda «desvirtuada», el Ministerio Público se vio obligado a matizarla este jueves en lo que se refiere a Majarenas una vez que el tribunal sentenciador -la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- acreditó que sí existe un motivo tasado que justifica que se la aparte de las listas. Como así acabó haciéndolo, casi a última hora de la tarde, la Junta Electoral de Zona.

Empeñada en sortear el eventual impacto de una polémica muy incómoda, EH Bildu se anticipó a la resolución escudándose en que «todas y cada una» de sus candidaturas fueron proclamadas como conformes a la legalidad por los órganos de control de los comicios y que tampoco recibieron ninguna objeción por parte de sus rivales en la carrera hacia las urnas.

La coalición de Otegi remarcó que pide a todos los integrantes de sus planchas que suscriban el código ético de la formación y una declaración de que no están incursos en ninguna causa de inelegibilidad. Según su versión, Majarenas desconocía que aún lo está.