El desafío andaluz para las elecciones del día 19

No es que la situación de Andalucía no haya mejorado en todo ese tiempo. En los 25 años transcurridos entre 1995 y 2020 y aún teniendo el dato de ese año signado por la pandemia, el PIB per cápita andaluz se duplicó. Pero ese crecimiento no consiguió achicar significativamente el diferencial con el resto del país, cuyo origen sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. La mayoría coincide en situarlo en las oportunidades perdidas durante el proceso de industrialización del XIX, cuando Andalucía llegó a aportar el 18% del total de la producción industrial española, situación que se mantuvo hasta la Guerra Civil. El Atlas de la Historia Económica de Andalucía documenta ese desarrollo poco conocido de la industria regional, que se derrumbó entre las décadas de 1930 y 1960.

Los motivos de esa brecha aún vigente forman parte permanente del debate político en Andalucía y están más que presentes en la campaña electoral que se inició el pasado viernes y que tiene su estación final en las elecciones del domingo 19 de junio. Las casi cuatro décadas de gobiernos socialistas en las que Andalucía se modernizó pero no consiguió reducir significativamente la distancia con el resto de las regiones españolas sigue pesando sobre las posibilidades del PSOE-A. Los socialistas no aciertan a articular un discurso que le permita recuperar el poder que mantuvieron entre 1982 y enero de 2019.

Estas elecciones suponen la primera prueba a la que se enfrenta el cambio político, que se inició con los comicios del 2 de diciembre de 2018. En aquella ocasión, un resultado corto del socialismo, sumado al crecimiento de Ciudadanos y a la inesperada irrupción de Vox, que con el 10% de los votos apareció por primera vez en el panorama institucional español, propició un vuelco inesperado.

Casi medio millón de electores socialistas que respaldaron en las urnas a Pedro Sánchez posteriormente no habían ido a votar apenas cuatro meses antes para que Díaz siguiera como presidenta de la Junta. Juanma Moreno, con poco más del 20% de los votos, consiguió unir a todo el bloque de la derecha y acabar de esa manera con 37 años de gobiernos del PSOE. El agotamiento de su propio electorado había derrotado al socialismo andaluz.

Si Moreno ha sabido aprovechar los tres años y medio que lleva en el poder para reducir la distancia de desarrollo entre Andalucía y el resto de España es también motivo de controversia y objeto de un análisis difícil, ya que más de la mitad de su mandato ha estado condicionado por la pandemia.

Sin embargo, los datos con los que la comunidad comienza a salir de la crisis apuntan en la dirección de avalar su gestión. Andalucía ya ha conseguido mejorar el nivel prepandemia en indicadores como el empleo, el empleo autónomo, las exportaciones, la venta de viviendas y la inversión extranjera. El ritmo de la recuperación iniciada en 2021 ha permitido que la comunidad autónoma recorte distancia con la media nacional en términos de PIB per cápita. Ha salido de la crisis generada por el Covid con un avance de un punto en su convergencia con España.

El mes pasado, la región consiguió situarse por debajo del 20% en desempleo, concretamente en el 19,43 por ciento, una cifra indudablemente alta para cualquier otra comunidad (la media española es seis puntos menor), pero que Andalucía no conseguía desde 2008. Sin embargo, en el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), más de un 22% de los encuestados reconocía tener dificultades económicas y un 27% aseguraba temer por su puesto de trabajo o el de personas de su entorno.

El paro aparece recurrentemente como la principal preocupación de los andaluces y está en el centro de todos los debates políticos. También constituye una parte sustancial de la imagen que Andalucía proyecta sobre otras comunidades españolas, al igual que el subsidio agrario y la renta agraria -antiguamente agrupados bajo el nombre Plan de Empleo Rural (PER)-, que durante mucho tiempo se convirtió en un estigma para la comunidad aunque no es otra cosa que un mecanismo puesto en marcha en 1984 para proteger a los trabajadores del campo del carácter cíclico de la actividad agrícola. Actualmente lo cobran unos 150.000 de los 778.000 desempleados andaluces.

En el escenario de la recuperación económica, aparecen más indicadores que apuntan en la buena dirección y que el gobierno andaluz no duda en atribuir a la política de rebajas fiscales y simplificación administrativa que ha impulsado desde la llegada al poder de la coalición PP-Ciudadanos. Sus adversarios rechazan que esas medidas hayan podido tener efectos determinantes en tan poco tiempo.

En abril de 2022, Andalucía alcanzó 3.309.047 trabajadores en activo (350.000 más que antes de la pandemia), lo que supone un nuevo récord histórico para ese mes. Si la comparación se realiza con el año previo a la pandemia (2019) el aumento ha sido de 161.000 cotizantes, el mayor de todo el país en términos absolutos y uno de los más intensos en términos porcentuales (del 5,1% frente a la media nacional, que es del 4,8%).

El Gobierno andaluz también celebra que la comunidad encabece el número de altas de trabajadores autónomos, superando por primera vez a Cataluña, y haber alcanzado el segundo lugar entre las comunidades autónomas más exportadoras, sólo por detrás de Madrid. Desde los sindicatos se pone en cuestión tanto optimismo. Para la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, el incremento en el número de autónomos no es otra cosa que una expresión de precariedad y la tarifa plana del sector se ha convertido en «una puerta abierta a la explotación y una falsa salida ante la desesperación del paro de larga duración».

En la economía andaluza, fuertemente terciarizada, el peso del sector servicios alcanza al 74% del total . Dentro de éste, la industria turística y la restauración son determinantes. Uno de cada diez euros generados en la economía andaluza los producen la hostelería y el turismo. La construcción, por su parte, aún no ha vuelto a los niveles previos al crack de 2008, pero supone un 6,6% y la industria, un 11,8%.

Pese a la imagen de una comunidad con una fuerte presencia en su economía del sector agrícola, los números revelan que esa actividad apenas contribuye con el 7% del PIB regional, una aportación que sin embargo va en aumento y que explica en gran medida el crecimiento que en los últimos años vienen experimentando las exportaciones de las empresas andaluzas. El vino y la producción agrícola están a la cabeza de esa subida.

El año pasado Andalucía logró el mejor registro exportador de su historia. Ello ha supuesto que por primera vez el peso de las exportaciones en el PIB regional supere la barrera del 20% y que la comunidad presente un superávit comercial de 1.358 millones de euros frente al déficit de 26.000 millones del conjunto de España. Estas cifras no incluyen a los servicios de ingeniería, en los que Andalucía ha dado un salto cualitativo en los últimos años.

En esta modernización de la economía andaluza, Málaga ha jugado un papel fundamental desde la puesta en marcha de la fundación público privada Innova, constituida para promover a la ciudad como polo de atracción tecnológica. Desde que Google eligiera a la capital de la Costa del Sol para crear un centro de excelencia en ciberseguridad, el goteo de aterrizajes de tecnológicas se ha convertido en una constante. La tecnológica local Virus Total; Vodafone; Globant, que desarrollará un centro de inteligencia artificial; la multinacional alemana Dekra; o el gigante financiero norteamericano Citigroup ha llegado a la ciudad. Para González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Málaga marca un camino que el conjunto de Andalucía debería intentar reproducir. «Es creérselo, dejar el victimismo y de mirar a los demás, tener un modelo y que la administración pública ayude», sostiene.

El crecimiento de la capital de la Costa del Sol como polo de desarrollo tecnológico se une a otros centros estratégicos de la economía andaluza, como la aeroespacial radicada en Sevilla y, en menor medida, en Cádiz.

Estos polos económicos no han conseguido paliar uno de los problemas a los que se enfrenta la comunidad en la misma línea de lo que sucede en el conjunto de España: los desequilibrios territoriales. El 55% del territorio andaluz se encuentra muy poco poblado, con menos de 40 habitantes por kilómetro cuadrado repartidos por núcleos rurales dispersos, una situación que afecta a toda la franja norte de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla y las zonas interiores de Huelva.

Por contraste, el 60% de la población se concentra en las aglomeraciones de sus ocho capitales de provincia y especialmente en el entorno de Sevilla y en los ejes Málaga-Marbella, Cádiz-Jerez y Algeciras-La Línea. Estas zonas, que sólo suponen el 20% del territorio, atraen a la mayor parte de las industrias y servicios, pero son también las que concentran las tasas más altas de desempleo.

Andalucía es la comunidad más joven de España, pero no por ello escapa del invierno demográfico que afecta al conjunto del país. Frente a los ocho millones y medio de habitantes actuales, las previsiones del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía son que en 2050 la población se habrá reducido en más de 100.000 personas, y en 2100 apenas superará los siete millones y medio. Es decir, en menos de 80 años habrá perdido un millón de habitantes. Un desafío contra el que también deberá luchar el gobierno que surja de las urnas el próximo día 19.