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La intención del Gobierno de blindar la vivienda pública no implicará, en la práctica, que los propietarios de esas casas dejen de serlo. Así ha tenido que matizarlo este martes la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ... Ministros, en la que ha indicado que las viviendas de protección oficial podrán venderse pasados 15 años (el periodo de protección estipulado) para salir al mercado libre, pero «con una carga de perdurabilidad de su protección».
«Esto no quiere decir que los propietarios vayan a dejar de serlo», indicó Rodríguez, explicando que si deciden venderla, podrá hacerlo pero con las mismas condiciones de una vivienda protegida que fue la que se compró en su momento «y a personas que lo necesiten».
El ejemplo más claro estará en la Operación Campamento, donde el Ejecutivo alcanzará 10.700 viviendas promocionadas por esta empresa pública. «El 60% de viviendas protegisdas de este suelo las promueve Vivienda y, como el suelo es nuestro, decidimos que no tengan carga de perdurabilidad», explicó Rodríguez.
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«Si ese propietario tuvo el derecho de acceder a una vivienda VPO y si mañana le va mejor la vida o necesita irse, va a poder vender la vivienda, pero con las condiciones de una vivienda protegida y para familias que como él en su momento, necesitan la protección de lo público», insistió ante las preguntas de los periodistas.
Además de la ya anunciada incorporación de los pisos de la Sareb y del patrimonio de la administración general del Estado, Rodríguez indicó eset martes que el Gobierno generará un polan estretégico para la empresa estatal de vivienda en un plazo de seis meses, con un portal de gestión para la demanda de esas casas por parte de la ciudadanía.
El Sepes, que es el germen de esta nueva empresa pública, incorporará este 2025 dos millones de metros cuadrados de suelo, tal y como anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante su comparecencia, Rodríguez insistió en la importancia de que todas las medidas anunciadas vengan acompañadas de la reforma de la Ley del Suelo, que actualmente se encuentra paralizada en el Congreso.
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