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Sábado, 25 de diciembre 2021, 10:20
Mientras que en países como Austria, Dinamarca o los Países Bajos el porcentaje de vivienda pública destinada al alquiler social supera el 20% del total del parque inmobiliario, en España la tasa es de tan solo el 2,5%. Las dificultades de acceso a la ... vivienda de muchas familias y los problemas para emanciparse con que se encuentran la mayoría de los jóvenes debido a los altos precios de los inmuebles urgen a plantear soluciones a la falta de vivienda pública en España sin dejar de pasar la oportunidad en 2022.
Desde las instituciones europeas a las extracomunitarias, pasando por diferentes sectores sociales y económicos, coinciden en que el problema del acceso a la vivienda en España continúa sin resolverse y afecta muy negativamente a una buena parte de la sociedad. Según el documento España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, el 9,5% de los españoles dedica al pago de la vivienda más del 40% de sus ingresos mensuales, lo que se considera sobrecarga financiera.
Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de media la población española destina al pago de la vivienda el 24% de los ingresos, cuando en la UE la media es del 20%. Más descorazonador aún es la situación de la juventud en España en su relación con la vivienda: el 64,2% de los jóvenes entre los 25 y los 29 años continúa viviendo con sus padres, según los datos de Eurostat.
Una de las lecturas más críticas del acceso a la vivienda en España es la que hizo en 2020, tras su visita a nuestro país, el relator especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, en cuyo informe señalaba que España sufre una «crisis de vivienda de enormes proporciones» y que, «a efectos prácticos, el derecho a la vivienda en España es mayormente irrelevante».
En nuestro país solo el 2,5% de las viviendas principales se dedica al alquiler social, según los datos que recoge en su informe la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. La OCDE, sin embargo, reduce la estimación al 1,1% el parque de vivienda, una tasa que solo es inferior, según el organismo internacional, en Estonia, Lituania y la República Checa.
Durante años, en España la protección social en materia de vivienda se ha centrado principalmente en cierto grado de ayudas públicas a la compra de vivienda, con criterios dependientes de las administraciones autonómicas que en muchos casos no se enfocan a los segmentos que más dificultades encuentran para acceder a una vivienda. A lo anterior se suma la política de venta de vivienda pública (tanto a fondos de inversión extranjeros como, durante años, a los mismos propietarios), lo que además de una descapitalización ha supuesto la drástica reducción del parque de vivienda social.
Frente a la política de venta, el alquiler social permite tanto conservar el parque de vivienda público como una rotación de los inquilinos en función de su situación económica. Esta es también la estrategia por la que debe apostar España según la OCDE, que en su informe Brick By Brick. Building Better Housing Policies hace referencia a la necesidad de aumentar la inversión en vivienda social y que esta se dedique al alquiler.
Es precisamente en aquellos hogares que residen en la vivienda en régimen de alquiler entre los que más dificultades se aprecian: si de media en España la sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda afecta al 9,5% de la población, en el caso de quienes viven de alquiler el porcentaje asciende al 47%, una tasa que en la Unión Europea solo superan Grecia (89%), Bulgaria (60%), Rumanía (54%) y Luxemburgo (52%). Para una gran cantidad de familias, que no reúnen las condiciones para adquirir un inmueble, el alquiler a precio de mercado es en la actualidad la única opción, aunque esto suponga destinar a este fin la mitad de sus ingresos.
Junto con medidas como la limitación al precio de los alquileres, cuyo alcance no se conocerá en el corto plazo, la solución pasa por la creación de un parque de vivienda pública destinada al alquiler social, un objetivo para el que el Gobierno se plantea distintas alternativas: desde los acuerdos con entidades bancarias, con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y con grandes tenedores de inmuebles para sacar al mercado parte de sus viviendas en régimen de alquiler hasta la construcción de vivienda pública mediante la colaboración público-privada.
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