El Gobierno retira la ley del suelo en el último momento, ante la falta de apoyos en el Congreso

Fuentes del Ministerio de Vivienda explicaron esta mañana que se ha solicitado la retirada del Pleno del Congreso para «garantizar que esta norma no se vea afectada por la situación electoral» y enfatizan que el proyecto de ley «se tramitó con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la ampliación del parque público de vivienda». Una norma «demandada por los ayuntamientos, por las comunidades autónomas y por el sector», recalcan desde el ministerio.

De haberse debatido hoy y votado las enmiendas a la totalidad en el sentido anunciado, hubiera sido la segunda derrota del Gobierno en el Congreso esta semana, tras caer su ley para prohibir el proxenetismo por el voto en contra de PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. El Gobierno socialista dependía del voto del Partido Popular para sacar adelante la tramitación del proyecto de ley del suelo. Desde el Ministerio de Vivienda acusan al PP de «falta de sentido de Estado».

La legislación actual contempla los planes generales de ordenación urbana y urbanística como un reglamento, por lo que cualquier nulidad de un punto del plan aunque sea formal provoca que caiga entero. Esto ha propiciado el «chantaje y la extorsión» a los municipios, según fuentes del Ministerio de Vivienda. «Hay despachos de abogados especializados en recurrir (los planes de ordenación urbana y urbanísticos) que amenazan a los ayuntamientos o a quien pretende realizar una promoción de viviendas o un desarrollo industrial». Esos despachos presentan recursos por algún defecto formal y exigen una 'contraprestación económica' a cambio de retirarlos o amenazan con recurrirlos si no consiguen lo que quieren, según explican estas fuentes gubernamentales. Estos chantajes «se han venido dando a lo largo y ancho del país en las últimas décadas», subrayan fuentes del Ministerio de Vivienda.

Por eso, el Gobierno quiere limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística. Vivienda justifica que la reforma de la ley del suelo modifique la acción popular en materia urbanística para que solo se pueda utilizar cuando se detecten defectos sustanciales; en este caso la podrán ejercer tanto particulares como personas jurídicas y organizaciones sociales. Pero si se trata de defectos formales el recurso lo podrán utilizar aquellos que tengan interés general. «Se trata de evitar esos casos de posible extorsión porque hay ayuntamientos que no se atreven a aprobar planes generales».

El Ejecutivo insiste en que no se restringía la capacidad de recurrir los planes urbanísticos y que la acción popular en materia medioambiental no sufre modificaciones y la puede utilizar cualquiera que vea alterado su derecho.

No son de la misma opinión los grupos que están en contra del proyecto: Sumar, Junts, ERC y Podemos. Junts y ERC censuraban la falta de participación de los entes locales catalanes y la Generalitat de Cataluña. Desde Sumar, socio de coalición, consideran que la norma está «fuera de lugar» y es «inoportuna» en términos climáticos, según el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. «Esta ley hace lo contrario de lo que se necesita, que los constructores se salten a la torera los controles y dificulta a los vecinos denunciar», aseguró Errejón; en su opinión, abre la puerta a la cultura del «pelotazo» y la «burbuja urbanística».

Junts justificó su enmienda a la totalidad porque el proyecto de ley no contemplaba la participación de los entes locales y omite que el Estatuto de Autonomía de Cataluña «garantiza a los municipios un núcleo de competencias propias que deben ser ejercidas por estas entidades con plena autonomía». La enmienda a la totalidad de Esquerra tenía por motivo «la ausencia de negociación satisfactoria del proyecto con la Generalitat», que es la administración competente en materia de vivienda en Cataluña.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, anunció que su formación no se planteaba rechazar de pleno el texto del Gobierno, pues está «a la espera» de acordar modificaciones puntuales en el régimen competencial para dar su apoyo. Unas modificaciones que, a su juicio, pueden articularse mediante enmiendas parciales. «Es solucionable», dijo Esteban.

La necesidad de mayor seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico ha sido reclamada tanto desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) como del manifiesto de 2022 firmado por la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, así como los Gobiernos autonómicos de Cantabria, Murcia, Aragón, Asturias, Extremadura, Navarra y Castilla y León. En la declaración de la FEMP se solicitaba que se adoptasen las modificaciones legislativas «necesarias en la legislación estatal para solucionar urgentemente la problemática generada por la anulación de los instrumentos de planeamiento urbanístico».

Reconocía, además, que el actual modelo «provoca una situación de incertidumbre e indefinición jurídica al verse cuestionado el ordenamiento urbanístico establecido al amparo del planeamiento por la omisión de algún requisito procedimental, paralizándose en muchas ocasiones las inversiones y planes del ayuntamiento». En el manifiesto de las comunidades autónomas se reclamaba «impulsar esa reforma de la legislación estatal para evitar la nulidad radical de los Planes Generales de Ordenación Municipal y otros instrumentos de planeamiento cuando incurran en vicios de procedimiento fácilmente subsanables con el fin de que ofrezca un nuevo marco normativo».