El Gobierno quiere vincular al IPC las subidas de los alquileres de vivienda sin limitar precios

Eso sí, que nadie espere una limitación a los precios de los arrendamientos. Como vienen advirtiendo desde el Ministerio de Fomento, la «complejidad legal» de una decisión de tal alcance obliga a contar con un consenso que actualmente no existe. Estiman, no obstante, que desde comunidades autónomas –que tienen transferidas las competencias de vivienda– y ayuntamientos –con atribuciones de urbanismo– sí podrían trabajar en actuaciones para incentivar unos topes concretos.

En concreto, el decreto establece la posibilidad de que las corporaciones locales puedan fijar una reducción de hasta el 80% en el tipo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para aquellas casas cuyo arrendamiento mensual no supere la renta media de la zona donde se sitúa. Esta medida, sin embargo, es competencia de los propios municipios, que deberán valorar el impacto de esa aminoración en la recaudación de un tributo que representa más del 60% de los ingresos fiscales para la mayoría de las capitales.

El Ejecutivo se limitaría a reformar la Ley de Haciendas Locales para permitir los cambios, pero la potestad sería de cada ayuntamiento. Esta medida es rechazada desde Podemos, que lleva negociando el texto con el Gobierno hace días, por verla «perjudicial» para las arcas municipales. También lo consideran «insuficiente», en la medida que sigue sin cumplirse su pacto presupuestario con el PSOE para impedir las «subidas abusivas» de precios.

Pese a ello, desde la formación que lidera Pablo Iglesias ven «cercana» la posibilidad de un acuerdo para respaldar el decreto en el Congreso, mientras el Gobierno negocia también contar con los apoyos de PNV y PDeCat, que sí valoran de forma positiva que no se limiten los precios. Con todos ellos podría lograr el respaldo suficiente en la Diputación Permanente para validarlo antes de las elecciones del 28 de abril.

Una de las cuestiones que todos esos grupos ven positiva es la introducción «obligatoria» –y no voluntaria, como hasta ahora– del IPC como referencia para la actualización de los contratos de alquiler, tanto en sus primeros cinco años de duración –siete si el propietario del inmueble es una empresa– como en las prórrogas posteriores de un trienio de una sola vez. Se recuperarían así los plazos que había en el mercado antes de los cambios que el Ejecutivo del PP introdujo en 2013.

La novedad respecto al texto aprobado el pasado 14 de diciembre y que estuvo vigente 35 días –a los contratos firmados en ese período se les seguirá aplicando– es que aumentan los plazos para frenar esas prórrogas, que serían automáticas si no se advierte lo contrario con antelación. Así, los inquilinos deberán avisar al menos dos meses antes, mientras para los propietarios el período previo se duplicará hasta los cuatro años.

También se refuerza la protección al inquilino eliminando la distinción se hace en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) entre contratos registrados y privados. Además, para resolverlos de forma anticipada por «necesidad» del arrendador, se deberían haber fijado antes en esos acuerdos unas causas tasadas: usarla como vivienda habitual propia o de sus familiares, cambio de las circunstancias personales... Además, para arrendatarios vulnerables la subrogación si hubiera cambio de propietario será forzosa.

Fomento solo actúa sobre precios de forma estadística, fijando un plazo máximo de ocho meses para elaborar un nuevo índice –el primero oficial– de valores medios en vivienda en alquiler, tomando como base los contratos registrados oficialmente y las fianzas que se depositen ante organismos públicos. Así se conocerá tanto la dirección como sus principales características, garantías adicionales y abono de los suministros.

Los principales fondos de inversión que operan en el sector del 'ladrillo' español, como Blackstone, han reiterado esta semana su advertencia de que si el Gobierno «vuelve a presentar un decreto que lesiones sus intereses –las empresas pagarían a partir de ahora las fianzas de las inmobiliarias–, se replantearán sus planes de inversión en el país». Demandan «mayor seguridad jurídica» y argumentan que no son responsables de posibles burbujas porque solo controlan el 3% del mercado de alquiler de vivienda.

Pero Podemos les acusa de haber multiplicado los desahucios, que con el decreto deberán ser comunicados siempre a los servicios sociales. Si éstos determinan después que el inquilino está en situación vulnerable el lanzamiento se suspendería un mes, o incluso tres si el dueño del inmueble es una empresa. Además, los juzgados deberán ser más precisos al desahuciar, fijando día y hora para proceder al desalojo.