UGT denuncia a España ante Estrasburgo por incumplir el derecho a una vivienda

Así lo anunciaron este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján; y la responsable de Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia, durante una rueda de prensa en la que denunciaron que el derecho a la vivienda se encuentra «claramente amenazado» en España, que es –señalaron- uno de los países de la UE con menos vivienda social».

Luján explicó que «la reclamación, que es muy extensa, hace un repaso de la situación, jurídica y de hecho, del mercado de la vivienda para llegar al convencimiento de que España incumple lo establecido en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada». «Con esta reclamación queremos cambiar el paradigma del derecho a la vivienda y que deje de ser política de vivienda y se convierta en un verdadero derecho a la vivienda. Ese es el objetivo principal de nuestra reclamación y, si como esperamos, la reclamación tiene un resultado favorable, las personas podrán ejercitarlo ante los tribunales de justicia, si se les deniega o no obtienen este derecho ante las distintas administraciones públicas, porque este es un derecho humano básico fundamental, recogido en el artículo 31 de la Carta Social Europea, pero también el 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos», aclaró.

Por su parte, Álvarez recalcó que «se trata de una demanda contra el Reino de España y, por tanto, implica a todas y cada una de las administraciones competentes en la materia, tanto el Gobierno, como las CC AA y los Ayuntamientos». «Hasta ahora el artículo 47 de la Constitución es más declarativo que efectivo y ese es el cambio que queremos efectuar a través de esta demanda. Queremos que esto se convierta en un derecho que se pueda ejercer y reclamar ante las administraciones públicas y creemos que hay que dar este paso en un momento en que la imposibilidad de acceder a la vivienda requiere medidas y decisiones urgentes», afirmó.

El líder de UGT cargó contra los gobiernos porque es «evidente» que «no están haciendo lo suficiente» para resolver el problema de la vivienda en España, pues, por ejemplo, en el caso de las habitaciones del alquiler, dependiendo de las ciudades, se llega o incluso se superan los 500 euros mensuales.

Álvarez defendió la adopción de diferentes medidas para contribuir a solucionar el problema de la vivienda. Así, abogó por intervenir «de inmediato» el mercado, respetando los derechos de los pequeños tenedores de vivienda; limitar los precios de la vivienda, y generar confianza para que las viviendas vacías puedan ser alquiladas. En este punto, sugirió que esta mayor confianza podría conseguirse con la creación de empresas públicas que permitan que los arrendatarios no tengan ningún tipo de duda a la hora de poner su vivienda en el mercado del alquiler, garantizado su renta y el estado de su inmueble.

Se trata de la tercera denuncia que UGT registra ante este comité encargado de velar porque los estados cumplan la Carta social Europea. Ya lo hizo con el despido, al considerar que en España es demasiado barato, una denuncia que Estrasburgo ha respaldado y está a la espera de que el Gobierno decida si acata esta resolución y cambia la legislación, y también más recientemente con las horas extra, para exigir que se ponga fin al abuso que se hace de ellas y se paguen con un recargo de al menos el 125%.