La tributación sobre la vivienda en España, entre las más altas de la OCDE

Ahora ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la que ha puesto en evidencia lo que muchos se temían. Sí, justamente que la presión fiscal en España sobre la propiedad, y dentro de ella las casas y su compraventa, es de las más altas entre las principales potencias del mundo. En concreto, sobre un total de 36 países, ocuparía la posición decimotercera observando los mismos datos de 2016 –tampoco ella dispone de cifras armonizadas más cercanas en el tiempo–, un puesto por debajo de 2015.

El tipo medio que se aplicaría en esos gravámenes en España sería del 8% y la recaudación ascendería a 28.600 millones de euros, 541 millones más que en 2015. En términos de Producto Interior Bruto (PIB), la comparativa que emplea la OCDE entre todos sus Estados miembros, supondría un 2,5%, seis décimas por encima del promedio de la organización. En Italia lo ingresado por ese concepto tiene un peso similar (2,6%), al igual que en Japón (2,5%).

En Francia y en Reino Unido ese volumen de ingresos ligado al ámbito inmobiliario se dispara hasta el 4,4% y el 4,2%, respectivamente, mientras que en Estados Unidos representa el 4,2%. Llama la atención, sin embargo, que en Alemania, la locomotora europea, no pase del 1%.

En España los ingresos por el impuesto de plusvalía han seguido aumentando hubiera crecimiento económico o descenso, e incluso recesión; un 87,9% entre 2006 y 2016, pasando de 1.371 a 2.577 millones. Lo mismo pasó con el tributo sobre la propiedad de bienes inmuebles, el 'odiado' IBI que representa el 60% de los ingresos municipales vía impuestos y a la vez el 20% de sus recursos totales. Su recaudación ha subido un 89,6% en esos once años: desde 6.690 a 12.687 millones.

Eso se explica en parte porque España sigue siendo un país muy ligado a la vivienda en propiedad. Tres de cada cuatro ciudadanos (77%) optan por esta fórmula –hipotecándose la mayoría– frente al alquiler, que ha resultado perjudicado los dos últimos años por fuertes incrementos de precios hasta el punto de hablar algunos expertos de burbuja.

La comunidades autónomas cobran su parte de esa tarta a través de de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados –el primero correrá finalmente a cargo de la banca desde 2019–, que solo en 2016 aportaron 7.323 millones a sus arcas. Y el Estado se lleva otro pedazo gravando la acumulación de inmuebles dentro del impuesto de la renta.

En materia de IRPF, no obstante, España estaría justo en medio de las economías desarrolladas por su presión fiscal, ocupando el puesto 18. Y eso que en 2016, según los datos de la organización, ingresó 79.392 millones por esa vía, incluida la tributación sobre el ahorro, lo que supuso aumentar en 1.908 millones las cifras registradas un año antes.

Tampoco en el impuesto de sociedades se puede decir, al menos conforme al volumen recaudado, que España sea de los países que más aprieta a las empresas. En 2016 obtuvo de ellas 25.112 millones, 286 millones menos que en 2015, lo que le sitúa en la posición número 20.

En la misma línea, los gravámenes sobre el comercio de bienes y servicios también estarían, en términos de ingresos, en una posición media-baja dentro del escalafón de las economías desarrolladas. Y eso que también registraron un fuerte incremento en 2016, sumando 1.973 millones para totalizar 109.247.

Dentro de esos tributos destaca el IVA, que representa casi dos tercios (el 65%) de lo que recaudan y que en aquel ejercicio elevó aún más su saldo (2.444 millones extra) hasta sumar 70.930 millones. Y en todos ellos España tiene el mismo lugar en la OCDE –que ha pedido que se exima del impuesto a las empresas, salvo cuando sus compras se consuman en el propio negocio–, el 22.

Una decena de posiciones por encima, y de nuevo en un lugar medio- alto de la tabla, los contribuyentes españoles sí se ven gravados con unas cotizaciones a la Seguridad Social elevadas, en concreto la undécima en función de sus ingresos y tomando como referencia un tipo promedio del 34%. En 2016 España recogió con ellas 126.819 millones, 4.175 millones más que en 2015.

En cualquier caso, la OCDE señala en su último informe sobre impuestos publicado este miércoles que las estructuras tributarias de las economías desarrolladas han ido convergiendo los últimos años, reduciendo el peso del IRPF. No obstante, el promedio de la presión fiscal en esos países no ha dejado de crecer desde 2008.

El año pasado se situó en el 34,2%, dos décimas más que en 2016 y su récord histórico, al menos desde que en 1965 comenzó esta serie histórica. España, con el 33,7%, está medio punto por debajo junto a Gran Bretaña (33,3%). La primera posición es para Francia, con un 46,2%.