La vivienda es un quebradero de cabeza para millones de familias y ahora también lo es para el Gobierno. Su socio de gobierno, Sumar, le ha advertido que peligra la legislatura si no se llega a un acuerdo en las medidas a adoptar para facilitar ... el acceso a una vivienda asequible. Elk portavoz en el Congreso de Sumar, Íñigo Errejon, lanzó otro aviso tras la JUnta de Portavoces: el acuerdo para sacar adelante los Presupeustos Generales del Estado para el año que viene también está «paralizado» hasta que se acuerden las propuestas fiscales «que hagan pagar a los que más tienen». En concreto, Errejón desglosó que hay que hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas, hay que poner un gravamen solidario medioambiental y la sanidad y la educación privada deben pagar IVA.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes en La Moncloa con cerca de una treintena de representantes del sector de la vivienda, constructores y promotoras y también organizaciones sociales para hablar de los alquileres y la falta de financiación para la construcción. Pero no todos han acudido a la llamada del presidente. El Sindicato de Inquilinas, convocante de las manifestaciones de hace una semana, ha plantado a Sánchez. ¿El motivo? Que también está invitada la patronal inmobiliaria. «No podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema», señalan desde esa organización. «No se invita a las tabaqueras a diseñar la Estrategia Nacional contra el cáncer y no se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda», afirman.
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Es el tercer encuentro entre el presidente del Ejecutivo con representantes de los promotores, las grandes constructoras, cooperativas de vivienda, arquitectos, asociaciones de banca, así como colectivos del tercer sector, representantes de inquilinos y sindicatos. La anterior se celebró en abril. Pero es una reunión convocada con cierta premura y justo un día antes de la comparecencia en el Congreso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Eso lleva al Sindicato de Inquilinas a señalar que esta reunión es «un lavado de cara a la nefasta gestión de este gobierno en materia de vivienda justamente el día antes de que la ministra de Vivienda comparezca en el Congreso para rendir cuentas».
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Sin embargo, el Ejecutivo asegura que ha puesto en marcha una «ambiciosa política de vivienda», desde el primer día.
Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno están la tercera convocatoria del Bono Alquiler Joven, por el mismo importe que los dos años anteriores y que los expertos consideran que es una actuación poco eficaz, y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para regular la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración a partir del año que viene.
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El portavoz del PSOE, Patxi López, defendió que el Gobierno ha multiplicado por ocho los presupuestos para Vivienda, de 450 a 3.500 millones de euros, y que de las 184.000 viviendas prometidas en alquiler asequible «están en marcha» 81.000.
Por su parte, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, acusó al Gobierno de no estar haciendo todo lo posible para solucionar el problema de la vivienda en España. «No se ha hecho lo que se tenía que hacer» y lo que se había pactado en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, criticó Díaz. En ese acuerdo se contemplaban actuaciones inmediatas para el control de precios, según la ministra, que abogó por retirar las ayudas públicas a todas aquellas autonomías que no cumplan con la norma. «En las reformas de las políticas activas lo hemos hecho y funciona. Si usted no quiere aplicar la Ley de Vivienda, retiremos los incentivos públicos en esas comunidades autónomas, pero hay que actuar», defendió Díaz.
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De hecha, esta reunión de hoy se celebra casi tres semanas después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reuniera con los representantes de vivienda de las distintas comunidades autónomas en medio de tensiones con las comunidades gobernadas por el PP. La ministra había anunciado que no se daría financiación estatal para vivienda a las autonomías que no cumplieran la ley de vivienda, pero luego el ministerio se retractó y dijo que no quitaría financiación a las comunidades incumplidoras sino que premiaría con más fondos a las autonomías que aplicaran la ley.
Las críticas de Sumar a su socio de Gobierno en materia de Vivienda son tajantes. La titular de Trabajo reclamó modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para atajar el fraude de los alquileres turísticos y de temporada, y avisó que el reglamento que ha anunciado la ministra de Vivienda (que traspone una directiva europea para que existe un registro único de estos alquileres) «no sirve» para hacer bajar el precio de la vivienda.
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«Ya sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que en el corto plazo hay que intervenir el precio de la vivienda. En el medio tenemos que hacer el diseño de un parque público de viviendas, de alquiler social, que España no tiene. (...) Yo siempre digo que lo que hay que hacer en la vivienda es como una especie de reforma laboral, pero en materia de vivienda», aseguró la fundadora de Sumar.
«No hay una acción desde lo público y hay que mandar mensajes claros. La cuestión en el debate político es a quién le damos tranquilidad: a los fondos de inversión que se adueñan de nuestras ciudades enteras o a las familias españolas», subrayó Díaz en una entrevista en TVE.
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