Los sindicatos reclaman que el alquiler de temporada se limite a seis meses

El grupo de trabajo se reunió este jueves para plantear propuestas sobre cómo regular el alquiler de temporada y aunque no estaba en el orden del día, también se puso sobre la mesa la preocupación por el cada vez mayor alquiler por habitaciones. El principal consenso de los asistentes fue la necesidad de evitar el uso en fraude de ley del alquiler de temporada. La clave de un arrendamiento de temporada es que la vivienda no se destina a vivienda habitual y permanente del arrendatario. El alquiler se realiza por un tiempo concreto y debe obedecer a causas temporales: motivos estudiantiles, movilidad laboral por un periodo concreto, temporada vacacional, etc. Los alquileres de temporada se regulan por la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil. No tienen un límite máximo o mínimo de duración y sus condiciones quedan sometidas a lo que acuerden las partes.

En la reunión se pusieron sobre la mesa distintas medidas y el Ministerio de Vivienda se ha dado un plazo de dos semanas para presentar su propuesta de regulación, ya sea con modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (lo que exigiría un largo trámite parlamentario) o con modificaciones reglamentarias.

Desde la patronal inmobiliaria Fadei (Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias) y del colectivo de agentes de propiedad inmobiliaria defendieron la necesidad de que perviva este tipo de contrato de alquiler de temporada. Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de Fadei, explica que hay que «evitar la picaresca de quien quiere pasar el contrato de cinco años a uno, pero el alquiler de temporada es necesario en determinadas circunstancias», por ejemplo para estudiantes extranjeros, si te trasladas temporalmente por trabajo o tienes una reforma en tu casa.

Entre las propuestas, una de las más apoyadas fue que se acredite documentalmente o a través de una declaración responsable la justificación de por qué tiene que ser un alquiler de temporada y que en el contrato figure la residencia habitual del inquilino. Carles Sala, representante de los Agentes de Propiedad Inmobiliaria, expresó la preocupación del sector por que alguna comunidad autónoma ya ha anunciado que va a actuar de manera unilateral «porque esto crea confusión y un impacto en el mercado de consecuencias que desconocemos». Precisamente, el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonés, ha anunciado hoy que el Govern regulará los alquileres de temporada «muy, muy pronto».

Otras propuestas fueron que la vivienda que se alquile por temporada esté equipada; desde Fadei reclamaron que se reduzcan las fianzas ya que la duración del contrato es menor y que no se limite el precio ni el tiempo del alquiler. Precisamente, limitar el tiempo del alquiler de temporada a seis meses (prorrogable solo una vez por otros seis meses) fue una de las medidas defendidas por el Sindicato de Inquilinas y Comisiones Obreras.

Desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas exigen que se apliquen los derechos reconocidos a las inquilinas en la LAU también en los contratos de temporada y de alquiler de habitación, para que se tengan los mismos derechos como inquilinos independientemente de la modalidad del contrato. Coinciden en que este contrato solo se pueda firmar cuando la temporalidad esté justificada. Víctor Palomo, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, destaca que toda modificación legislativa en materia de vivienda quedará sin efecto si no se aplica un régimen sancionador a quién incumpla la regulación. Sin inspectores especializados en materia de vivienda y sin sanciones, se prevé que el fraude continúe tal y como se aprecia en el cobro de los honorarios a los inquilinos a pesar de la modificación legislativa que prohíbe este cobro.

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha exigido al PSOE más medidas en materia de vivienda para conseguir rebajar los precios, pues considera que de este asunto depende el futuro de la legislatura. Errejón urge al Ministerio de Vivienda a controlar el precio de los alquileres, limitar los alquileres turísticos y de temporada o limitar la capacidad de compra de los «fondos 'buitre' que expulsan a los vecinos de su barrio y que encarecen las viviendas».