Siete de cada diez desahucios ya son por impago de alquiler

Si se compara con las cifras de hace un año, el incremento fue del 12%, cuando se cumple un año de la puesta en marcha de la ley de Vivienda que entre sus objetivos tenía, precisamente, frenar el desmesurado repunte que los caseros vienen aplicando a los precios de sus nuevos contratos a los inquilinos. Según datos de de Idealista -y a falta de que el Gobierno culmine su índice de precios con el que ya habrá cifras oficiales- el mercado del alquiler experimentó una subida de precios del 13,4% de media en mayo, hasta los 13,2 euros por metro cuadrado, máximo de la serie histórica.

Con este telón de fondo, en números de desahucios aparece en primer lugar Cataluña, con 1.390, lo que representa el 18,7 % del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 703; Andalucía, con 691, y Madrid, con 613.

«El gasto medio de los hogares por alquiler residencial aumentó entre 2015 y 2022 un 27,7%», indican los analistas de Funcas en un análisis de la situación publicado en marzo. Una cifra que, según recuerdan, se sitúa «claramente por encima del incremento medio de la renta de los hogares, 16,6% en los de un solo perceptor y alrededor del 22% en hogares de dos o más perceptores».

Indican que la situación se ha agravado tras la pandemia. Antes de 2020, alrededor de tres de cada diez hogares destinaban más del 30% de su cesta de consumo al alquiler. Tras la pandemia, la proporción ha subido, aproximadamente, a cuatro de cada diez. De hecho, en 2022, el gasto conjunto de alquiler más suministros básicos (agua, energía y comunidad) absorbió más del 30% de la cesta de consumo en el 60,5% de los arrendadores, según detallan desde Funcas.

En total, entre enero y marzo de este año se han practicado 7.424 lanzamientos, un 12,8% más que hace un año. Eliminando de la cifra los acometidos por impago de alquiler y otros casos, un total de 1.448 correspondieron a familias que dejaron de pagar sus hipotecas, un 10,7% más que en el primer trimestre de 2023.

Cabe recordar que el Gobierno extendió la prohibición de 'echar' a las familias vulnerables de sus viviendas si no podían asumir el pago de su hipoteca o del alquiler. Pero aún existen procedimientos que siguen curso en los juzgados, previos a esa medida de apoyo anticrisis. De hecho, esta próxima semana el Congreso votará el proyecto de ley que el Ejecutivo sacó adelante para extender la suspensión de desahucios hipotecarios hasta 2028.

En todo caso, antes de acometer los alzamientos (la última fase del desahucio), estos procesos pasan por las denominadas ejecuciones hipotecarias, en las que primero se exige el pago de las deudas al acreedor -cuando existen impagos de entre tres y seis cuotas- y, una vez que se formaliza, se procede al desahucio. Pues bien. Durante el primer trimestre se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias, un 1,7% menos que en el primero de 2023, en consonancia con la percepción de la banca de que lo último que dejan de pagar las familias son las hipotecas.