El plan enviado a Bruselas no incluye medidas ni más gasto para los 183.000 pisos prometidos por Sánchez

Aunque las competencias sobre vivienda están cedidas a las comunidades autónomas, entre todas las vías sugeridas por el Gobierno algunas requieren que el Ejecutivo central destine dinero para ello. Por ejemplo, para la compra de suelo al Ministerio de Defensa a través de SEPES, la entidad pública empresarial de suelo, aunque luego la promoción sea privada. Además, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –que es el encargado de la política de vivienda– han dejado la puerta abierta a que el Estado compre pisos a los grandes tenedores de inmuebles, fondos como Blackstone o Cerberus. En cuanto a la movilización de las viviendas de la Sareb, el Gobierno quiere que las paguen las comunidades autónomas, pero no está claro.

Lo más llamativo es que no existe mención alguna en la actualización del Programa de Estabilidad a actuaciones para promover vivienda pública de alquiler social. Y eso que Sánchez en su mitin en Galicia dijo que se trataba de «la mayor política de vivienda que se ha hecho en los últimos cuarenta años».