Solo 2.500 hipotecados del medio millón de afectados conoce lo perdido en su cláusula suelo

De todos esos ciudadanos, apenas en 2.374 han incorporado en sus solicitudes no solo la queja formal, sino además el importe que se reclamaba a la entidad. Es decir, titulares de hipoteca que conocían al detalle las cuantías de las cláusulas suelo que les habían aplicado en sus entidades. El resto solo han presentado su reclamación, aunque sin especificar esas cantidades que el banco les habría cobrado en intereses con una limitación mínima, a pesar de que los tipos seguían bajando como lo han hecho hasta el -0,18% actual en el que se mueve el euríbor.

En esas casi 2.400 demandas los afectados reclamaban en su conjunto 16,5 millones de euros. Por tanto, la devolución media, si los bancos accedieran a estas peticiones de dinero concretadas en las solicitudes, alcanzaría los 6.875 euros por cada hipoteca en la que se había incluido la 'cláusula suelo'.

El desconocimiento de estas cantidades ha sido tal que el propio decreto-ley que regulaba el mecanismo extrajudicial de reclamaciones indicaba en su artículo tercero que «recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses». No hacía falta que fueran los afectados quienes realizaran sus cálculos, ante la complejidad que en muchos casos suponía relaborar una hipoteca con intereses diferentes en distintos periodos de tiempo.

El proceso de devolución de las polémicas 'cláusulas suelo' ha dejado numerosos casos de afectados por el camino, a pesar del mecanismo habilitado hace ya 18 meses, y que sigue en vigor. La banca ha estimado más de medio millón de solicitudes de las más de 1,1 millones recibidas. Y lo ha hecho por un importe que supera los 2.000 millones de euros. Se trata de una cifra muy inferior al peor de los escenarios posibles, en los que se consideraba que la factura que tendrían que devolver a sus clientes las entidades implicadas ascendería hasta 4.000 millones de euros.