Parte de las 30.000 viviendas de Sareb que el Gobierno movilizará ya están habitadas

Así, de las 38.300 viviendas que actualmente mantiene en balance (el organismo vende, pero también incorpora inmuebles en algunas ocasiones), el 60% están habitadas.

Esto quiere decir que la nueva empresa pública de vivienda puede encontrarse con que buena parte de las casas que reciba podrían no ser viviendas a disposición del mercado de forma inmediata, según datos de Sareb.

Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que, llegado el caso, habrá una solución, recordando además que existen contratos que se firman con determinadas condiciones y que irán venciendo. El Ejecutivo aboga así por jugar con los plazos, de ahí que el primer objetivo para este primer semestre del año sea la incorporación de 13.000 de esas 30.000 viviendas de Sareb. Esa cifra sí estaría en línea con las casas vacías de la sociedad.

El problema es que, en este caso, su incorporación inminente también será compleja. «Hay algunas que están disponibles para entrar a vivir ya y otras, no», apuntas fuentes conocedoras, en referencia a la existencia de un elevado número de casas que aún están pendientes de, por ejemplo, realizar reformas o procesos de rehabilitación. Otro de los obstáculos que tendrá que afrontar el Ejecutivo es que, de todas las casas que Sareb mantiene en balance –y que están habitadas– unas 8.000 están destinadas –y firmadas– al alquiler social. «Tiene sentido que esos alquileres sociales pasen a ser gestionados por la sociedad pública de vivienda», apuntan desde el sector.

Así, se estaría hablando de nuevo de viviendas ya habitadas, que ya ofrecen una solución a familias más vulnerables y que, por tanto, no estarían disponibles para los que ahora tienen problemas para acceder a una casa. Aunque desde el Ministerio de Vivienda no se pronuncian en torno a esta situación, sí insisten en que hay que ir paso a paso y que todos estos baches se irán solventando en el medio plazo.

El Ejecutivo se ha dado seis meses para culminar el salto de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) a la nueva empresa pública de vivienda. De momento, ya se han transferido a esta cartera las 3.300 viviendas de patrimonio del Estado y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial sobre los que se construirá en régimen de alquiler asequible.

La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, explicó ayer que en este primer semestre también se preparará un plan estratégico y se lanzará un portal en el que los demandantes de estas casas podrán ver toda la información.

Durante su intervención tras el Consejo de Ministros, Rodríguez pidió a los partidos aparcar sus diferencias políticas para desbloquear la ley del suelo, básica para el éxito de las medidas. Yquiso dejar claro que «blindar la vivienda pública no implicará que los propietarios de esas casas dejen de serlo». Tras las críticas de la oposición, matizó que esas casas de protección oficial se podrán vender cuando pase el periodo de protección estipulado, pero «en las mismas condiciones» que se compraron.