Los jóvenes son los nuevos 'sintecho'

Dos años después, a Valiente le ofrecieron una habitación en un piso compartido con otras tres personas y se mudó. Pero a los seis meses el alquiler subió de manera desproporcionada y ella volvió a la casa de su niñez, donde estuvo una veintena de meses. Desde hace poco vive con su actual pareja, que tiene «la suerte de tener un piso en propiedad. Pagamos los gastos a medias», explica Valiente, que estuvo en la manifestación del pasado domingo con el lema 'Vivienda digna para todas'. «El problema es que yo nunca he podido vivir sola, y no me he podido emancipar. Y si pasa algo, tengo que volver a casa de mis padres, aunque mi sueldo esté por encima del salario mínimo».

Su situación de precariedad habitacional es similar a la de la mayoría de jóvenes de su generación: el 85,7% de los que tienen entre 18 y 34 años vive con sus padres, según Eurostat (el promedio de la Unión Europea no llega al 70%), y entre los 25 y los 34 años el porcentaje se sitúa en el 46% «casi diez puntos más que una década atrás», asegura Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, en su artículo 'El acceso de los jóvenes a la vivienda'. «Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la construcción de inmuebles residenciales se ha expandido a un ritmo inferior al de la demanda. Desde 2015, se ha iniciado una media de 75.000 viviendas cada año, frente a casi 120.000 nuevos hogares que se formaron».

Convocada por 39 asociaciones, desde sindicales hasta vecinales, la manifestación por la vivienda, sucedida en Madrid hace siete días, reunió alrededor de 150.000 personas, según el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones que convocó la protesta (algunas entidades doblan la cifra y el Gobierno la rebaja a la sexta parte). «Dos semanas antes, en una asamblea tomamos la decisión de ir a por todas. Salíamos a repartir panfletos, hablar con la gente y pegar carteles. Fue una locura, un trabajo titánico que requirió mucha organización y militancia», recuerda Gonzalo, portavoz de este colectivo que nació en 2017, a partir de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Definidos como un «sindicato de base», «hace dos o tres años» empezó a expandirse por medio de satélites, llamados «nodos», por las zonas de Madrid (ya son seis) y otras ciudades españolas, como Málaga o Vigo. «No recibimos subvenciones de ningún tipo. Somos independientes y nos financiamos con las cuotas de las más de mil afiliadas que están al día. Cada persona aporta lo que puede y quiere».

Otro ente que participó en la organización de la protesta dominical fue la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), con medio siglo de existencia y que agrupa unas 300 asociaciones «barrio a barrio», dice su presidente Jorge Nacarino. «La manifestación fue un éxito porque la rabia y el malestar salió a la calle y conseguimos que la gente se sintiera interpelada. Queríamos situar la vivienda como un derecho y no como un negocio».

Hace seis años, Jesús González, ahora de 31 años y con trabajo fijo, se planteó independizarse cuando le contrató Naciones Unidas. «Valoré meterme a alquilar pero no podía asumir la renta», afirma. Cuando cambió de trabajo y tuvo un contrato indefinido con más sueldo volvió a mirar en los portales de vivienda. En los anuncios que le interesaban por el precio, los caseros no respondían. Comenzó a buscar con mensualidades más altas: «entre 800 y 900 euros por un piso de 30 o 40 metros cuadrados. Como el seguro de impagos pide no exceder el 30% del ingreso neto, en teoría yo no podía aspirar a nada por encima de 600 euros». En búsqueda activa de vivienda, se apuntó también a la oferta pública, que es «una lotería». Agotadas la opciones, González continúa bajo el techo de su madre.

La vivienda como problema escaló en la opinión pública desde que ganó la calle este 13 de octubre. ¿Podría ser el germen de un nuevo 15M, cuando una acampada en Sol revitalizó, al menos momentáneamente, la política española? «Podría ser. Depende de cómo trabajemos la movilización, cómo construyamos el movimiento», responde Nacarino. «Se debe llegar a un cambio de las políticas reales. El 15M fue positivo y un revulsivo, pero en la práctica su resultado es discutible. Ahora hay que construir un movimiento social, y el domingo fue el primer paso».

No obstante, el recorrido de este movimiento puede ser corto y circunscribirse a una población que, aunque amplia, es minoría. «La principal diferencia respecto al 15M es que en realidad esta crisis habitacional no afecta a todo el mundo», analiza Iván Auciello Estévez, responsable del 'hub' de vivienda en Future Policy Lab. «En España, al ser un país eminentemente de propietarios, a la mayoría no es que no le afecte, sino que se beneficia de esta inflación sobre la vivienda. Ya sea en forma de cobrar alquileres más altos o que se revaloricen mucho sus propiedades».

Ante la posibilidad de que el impulso popular se disuelva, otras organizaciones promulgan acciones más concretas. «No queremos ser otro 15M», afirma Gonzalo, cuyo apellido prefiere omitir. «Nosotras queremos ir a una huelga de alquileres, que es una herramienta histórica en la lucha del inquilinato». ¿Los arrendatarios se convertirán en okupas en toda España? «No hay una manera exacta de hacer una huelga de alquileres», contesta Gonzalo. «Lo vamos a descubrir ahora todas juntas. Lo que planteamos es una desobediencia civil organizada».

 

Ya está en marcha una de estas huelgas, por parte de 900 inquilinas de un fondo de inversión, según Gonzalo. «Son nuestras compañeras del nodo sur (de Madrid). Pagan el alquiler pero no las cláusulas abusivas que les cobra el fondo buitre, como IBI, tasas de basura o los conserjes. Llevan varios meses sin pagarlas y siguen tranquilas en sus casas. Es ilegal, somos conscientes, pero legítimo. Una huelga de alquiler puede ser total o una autorreducción del precio de alquiler, como en este caso».

Las medidas que abrirían un agujero en este callejón sin salida juvenil serían «ampliar la vivienda social y asequible», nuevas iniciativas para el uso del suelo, «regulación del precio del alquiler» junto a medidas fiscales, rehabilitación del parque de vivienda e «intermediación pública» para las casas vacías, enumera Future Policy Lab en su reporte 'Vivienda para vivir'.

Sin embargo, los jóvenes, como Irene Valiente y Jesús González, para los que alquilar un piso «cuesta como el sueldo», lo ven con más claridad: «Que bajen los precios», clama Valiente. «Se está pagando por encima de lo que hay que pagar. Un piso de 40 metros cuadrados no puede valer 800 euros al mes, viejo sin reformar, que no es tu casa y en el que no tienes estabilidad con los propietarios. Aunque me subiesen el salario, que no tengo un mal sueldo, no puedo permitírmelo». Mientras esperan que suceda algo que les garantice el derecho a una casa, los planes no existen. Ni formar familia ni inversiones para el futuro. González lo resume así: «La frase de mi generación es: ¿cuándo va a empezar mi vida?».