El IVA de los pisos turísticos aumentaría la recaudación en 1.700 millones al año

En esta línea, los cálculos realizados por el gabinete económico de CC OO a los que ha tenido acceso este periódico señalan que si se llegara a establecer un IVA del 21% sobre esta actividad, el Estado ingresaría 1.700 millones de euros al año. Y en este sentido calculan que si se dedicase este dinero de forma íntegra a la promoción de vivienda pública, el Estado podría promover 17.000 pisos en suelos propios en solo un año «con los que dar respuesta a la crisis de vivienda actual y contribuir a impulsar un parque de vivienda pública en nuestro país».

El gran problema de estos pisos es que la inmensa mayoría son ilegales -el propio alcalde de Madrid reconoció que en la capital el 90% de estas viviendas incumplen la ley- y están provocando una gran distorsión de los precios del alquiler residencial por falta de oferta. La medida estrella anunciada por el Ministerio de Vivienda es la creación de un registro único que aglutine todos estos pisos en una base de datos, pero se prevé para la primavera de 2025.

A más corto plazo, ya son varias las voces que apuntan hacia la necesidad de que estas viviendas tributen, ya que es una actividad económica más para sus propietarios y como tal debería gravarse al 21% como las demás. Comenzó Sumar con una propuesta en este sentido a la que siguió la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que el Gobierno estudia esta posibilidad que se analiza también a nivel europeo.

En caso de aprobarse, ¿tendrá un efecto disuasorio que logre reducir el volumen de pisos turísticos? Los empresarios turísticos así lo consideran, y desde Exceltur piden que se grave «como mínimo con un 10%» esta actividad. Hablan del 10% porque los alojamientos turísticos y hoteles están gravados con ese tipo reducido de IVA, pero en su caso es una exención histórica para favorecer el turismo por las externalidades positivas que conlleva para el país. En cambio, ya que estas viviendas turísticas «solo trae externalidades negativas», como la subida de precio de los alquileres o el empleo en B de baja calidad, «no se le debería dar este privilegio», indican fuentes de CC OO a este periódico.