Sánchez utiliza la renovación del bono joven de alquiler para intentar aplacar las protestas por la vivienda

«Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres», aseguró Sánchez durante su intervención en el foro World in Progress Barcelona organizado por el Grupo Prisa, para avanzar también que el Ejecutivo pondrá en marcha un reglamento «para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada». Esta es otra de las medidas que ya había prometido el Gobierno y que, en realidad, supone la transposición de una directiva europea.

Ayer, miles de personas salieron a la calle en reivindicación del derecho, reconocido en la Constitución, a una vivienda digna. Entre las pancartas, varias reclamaban la dimisión de la ministra de Vivienda. Hoy, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tuvieron que responder.

Sánchez pidió la colaboración de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de vivienda: «Necesitamos que todas las administraciones arrimen el hombro y, para empezar, que apliquen la ley de Vivienda, porque es una buena ley que ofrece herramientas muy útiles».

A su vez, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, defendió la apuesta del Gobierno por la «regulación» del mercado y aseguró que comprende a los que salieron a protestar el domingo. «Estamos en una situación de emergencia social», señaló Rodríguez en una entrevista en TVE.

El decreto para regular el alquiler de temporada para evitar el fraude estará aprobado antes de fin de año, dijo la ministra. Al alquiler de temporada se están escapando muchos caseros para evitar las limitaciones que se imponen en el alquiler residencial de larga duración, aunque muchos en realidad son arrendamientos de larga duración disfrazados de temporales. El real decreto obligará a demostrar la causa para que sea un alquiler de temporada (por estudios, por un desplazamiento laboral temporal, etc), como ya se establecía en la ley, y tendrán que incluirse en una plataforma de registro único de acuerdo con el reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a alojamientos de corta duración.

«He clamado por la prohibición de los alquileres turísticos», aseguró Rodríguez. La oferta de viviendas de uso turístico no para de aumentar, muchas de ellas ilegales. Según el último informe de Exceltur, la oferta de plazas en viviendas de uso turístico ha aumentado un 16,6% en las 25 principales ciudades españolas, sumando un total de 388.453 plazas, aunque no llega al récord alcanzado en 2018, con 442.000 plazas, porque algunas ciudades ya han empezado a controlar el crecimiento de los pisos turísticos. Barcelona, por ejemplo, ha aprobado su prohibición para 2028. Por ahora, son las comunidades de vecinos, con una mayoría de tres quintos, las que pueden prohibir que se instalen pisos turísticos en su edificio, como refrendó hace unos días el Tribunal Supremo.

También Cataluña ha aprobado la declaración de zonas tensionadas en 140 municipios, a los que se sumaron la semana pasada otros 131. Según los datos del Govern catalán, en esas zonas el precio del alquiler descendió un 5%, como ha subrayado la ministra de Vivienda, unos 100 euros al mes, aunque también se redujo un 17% la oferta de pisos en alquiler. Rodríguez animó a que otras comunidades autónomas declaren zonas tensionadas para regular los precios del alquiler. Euskadi también va a aplicar los topes a alquileres en varias ciudades.

Por su parte, desde Podemos han reclamado la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya que consideran que no debería seguir en el cargo ante la «inacción» del Ejecutivo ante la «emergencia habitacional» que sufre el país.