Incentivos fiscales o 'topes' a los precios: propuestas para rebajar los alquileres

Tras más de dos meses de negociación, el acuerdo aún parece distante. Pero nadie quiere hacer saltar por los aires una norma que levanta especial sensibilidad en los socios del Ejecutivo por su carácter social. El principal obstáculo para cerrar un acuerdo sigue siendo la fórmula a elegir para conseguir el objetivo común de limitar los precios del alquiler: a través de incentivos fiscales o directamente imponiendo topes a los precios.

El ala socialista apuesta por que la regulación se realice mediante reducciones fiscales. En la propuesta que la formación presentó la pasada semana al equipo dirigido por Ione Belarra, la secretaria de Estado de Agenda 2030, destacaban puntos como la rebaja de la bonificación que perciben los arrendadores en la declaración del IRPF del 60% actual al 50% y, a partir de ese límite, ofrecer incentivos extra en función de determinados criterios. Por ejemplo, el incentivo podría llegar al 90% si un propietario de una vivienda rebaja el precio del contrato a su inquilino en más de un 10%.

La reducción alcanzará el 70% para el alquiler de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años y también se establecerá una bonificación, aún por determinar, para el alquiler de viviendas a inquilinos con ingresos reducidos. También se plantean incentivos en ese porcentaje en zonas tensionadas para los propietarios que cedan sus viviendas para alquiler social y que hasta ahora no podían beneficiarse de las deducciines al no ser titulares de los contratos.

Desde Podemos han criticado en los últimos días la propuesta, negándose de forma tajante a aceptarla. Aunque fuentes consultadas indican que las posturas se habrían acercado en algunos puntos, confirman que todo lo que no implique un control de rentas por parte de las comunidades autónomas impedirá el acuerdo final.

En este punto, la formación morada ha presentado ya al PSOE la propuesta que ambas partes volverán a debatir en su próximo encuentro de esta semana, sin fecha fijada todavía, pero en el que se espera un acercamiento de posturas, al menos en los puntos menos conflictivos de la negociación.

Pero no se espera que la idea de control de precios que maneja el euqipo negociador de Belarra vaya a salir adelante sin antes arduas discusiones con la parte socialista del Gobierno. En concreto, y según el documento al que ha tenido acceso este medio, Podemos propone que las comunidades autónomas puedan establecer un índice de precios en base a una serie de criterios y que las rentas pactadas al inicio del contrato no puedan superarlo en las zonas tensionadas.

Entre esos criterios que modularán la subida o bajada del índice de referencia, el documento apunta a algunos como la altura del inmueble, su antigüedad, si tiene o no ascensor, eficiencia energética, proximidad a transporte y servicios públicos, etc. Sin embargo, desde Podemos dejan claro que esos factores no podrán, en ningún caso, «incrementar en más del 2,5% ese índice».

La formación liderada aún por Pablo Iglesias propone, además, que los inquilinos que hubiesen tenido que pagar precios por encima del índice establecido podrían reclamar a sus caseros ese 'extra' pagado 'de más'. Y con devengo de intereses y «sin perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir en aplicación del régimen sancionador establecido por la comunidad autónoma correspondiente», tal y como detalla el texto. Es decir, el propietario que supere el índice de precios no solo tendrá que devolver el dinero de más percibido, sino que lo hará con intereses y con la posibilidad de ser sancionado.

Podemos proponer también la creación de un Registro de Contratos de Alquiler (RCA) al que toda la población pueda acceder. En este registro se tendrán que anotar, entre otros puntos, los contratos y precios de los pisos en alquiler.

En este registro se identificarán, por ejemplo, la dirección postal completa, el año de construcción del inmueble, los m2, el número de habitaciones, el número de identificación de la cédula de habitabilidad, el de la referencia catastral y el del certificado de eficiencia energética y la calificación de la misma. También si el edificio tiene o no ascensor, si dispone de sistemas de calefacción y refrigeración o si está o no amueblado.

Del mismo modo, se hará constar si el inmueble pertenece a una Socimi y si la vivienda se destina a primera residencia o a otro uso. «Los datos que consten en el RCA podrán ser utilizados por la Agencia Tributaria, así como el Poder Judicial y los demás organismos públicos para la consecución de sus respectivas finalidades», indica el documento de la formación morada.

Como se observa en las propuestas, y aunque de cara a la próxima reunión se están intentando templar los ánimos, las posturas están todavía bastante alejadas. Sin embargo, fuentes consultadas indican que ninguna de las partes quiere hacer estallar las negociaciones, aunque el contenido del acuerdo final tenga que detallarse más allá de finales de marzo, como en un principio pretendía el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.