El Gobierno repartirá los fondos que las autonomías no ejecuten en vivienda a otras comunidades

El objetivo del Gobierno es lograr 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026 con unos fondos totales de 3.420 millones de euros destinados a rehabilitación (2.970 millones para rehabilitación efectiva y 450 millones en deducciones fiscales). El acuerdo de hoy, correspondiente a la anualidad de 2023, tendrá un criterio de reparto igual que en las anualidades anteriores, que se hace por el número de hogares.

Sin embargo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, advirtió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las comunidades tendrán que cumplir dos criterios a 31 de diciembre de 2024 para recibir los fondos: que el número de resoluciones realizadas por la autonomía supere el 75% del objetivo previsto y que las ya resueltas o ejecutadas superen el 50% del objetivo.

A partir del 1 de enero de 2025, todas las cantidades correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 que no hayan sido transferidas por no haber cumplido los requisitos establecidos, se distribuirán nuevamente entre las comunidades autónomas que hayan cumplido.

Rodríguez desglosó el reparto por objetivos de los 5.520 millones de los fondos europeos para Vivienda: 3.420 millones de euros destinados a rehabilitación; 1.000 millones para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes; 1.080 millones para rehabilitación de edificios públicos; 20 millones para la Agenda Urbana. Y 4.000 millones de préstamos para promotores, «que pondremos en marcha en las próximas semanas», señaló la ministra.

«Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes y en el menor tiempo posible. 9.520 millones de euros destinados a la política de vivienda de nuestro país con el objetivo de afianzar la vivienda como el quinto pilar del Estado del bienestar», subrayó Isabel Rodríguez.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, firma hoy convenios con diez comunidades para la construcción de 3.233 viviendas de alquiler social, que se suman a las 22.242 anteriores, con lo que se alcanzan las 25.000 viviendas en diferentes fases: conveniadas, en construcción o ya entregadas. Estas viviendas forman parte de las 20.000 a las que el Gobierno se comprometió dentro del Plan de Recuperación, y a su vez están dentro de las 184.000 viviendas a precios asequibles que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

En relación al índice de referencia para precios de alquiler en zonas tensionadas, que está en vigor tras su publicación el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha vuelto a pedir a las comunidades autónomas que declaren zonas tensionadas para aplicar este índice «que puede abaratar en torno al 20 o 30% el alquiler». Rodríguez mencionó expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid por no resolver la situación de «emergencia» de vivienda de la capital mientras vive en un piso de precio muy elevado.

El índice contempla beneficios fiscales para los propietarios, que podrán acogerse a una serie de deducciones en la declaración de la renta de hasta el 90% si rebajan un 5% el precio del alquiler con respecto al contrato anterior. «Eso quiere decir que si el propietario baja el precio del alquiler en una zona tensionada puede obtener más rendimientos netos que si no lo hace», recalcó.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobará en marzo la modificación de la Ley del suelo, con el mismo texto cuya tramitación decayó en la pasada legislatura, según anunció la titular de Vivienda. Lo que se quiere evitar es la paralización completa de los planes de ordenación por un defecto menor.