El Gobierno agilizará la construcción de más viviendas y limitará los pisos turísticos

Tras la reunión celebrada en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con representantes del sector inmobiliario, constructor, financiero y sindicatos, la ministra aseguró que «coincidimos en el objetivo de aumentar la oferta para garantizar el derecho a una vivienda asequible». «Todos estamos unidos en este objetivo común y de aquí ha salido hoy el compromiso de fortalecer la colaboración público-privada para incrementar el parque público y los procesos de agilización para incrementar la vivienda asequible». El Gobierno, además, «no dejará sin poner en marcha ningún instrumento del Estado para resolver el problema del acceso a la vivienda», subrayó Isabel Rodríguez.

Precisamente, los pisos turísticos son uno de los factores que están provocando tensiones en la vivienda y «no se puede mirar para otro lado». Rodríguez hizo un llamamiento a «todas las comunidades autónomas» donde hay que destinar más de un 30% del sueldo al alquiler a que intervengan y «atiendan a sus ciudadanos». En concreto, citó a Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha negado a declarar zonas tensionadas: «No quiero que el centro de Madrid sea un parque temático, sino que siga siendo una ciudad», afirmó la titular de vivienda. En Madrid hay más de 14.000 pisos turísiticos legales, una cifra que sobrepasa el número de viviendas públicas que se van a desarrollar en la Operación Campamento, la más grande en promoción pública de vivienda que se va a hacer. Pero también habló de Málaga, Barcelona o Santiago de Compostela, ciudades donde existe una elevada concentración de pisos turísticos y hay una alta tensión en los precios del alquiler.

Rodríguez puntualizó que aunque la competencia para declarar zona tensionada es de las comunidades autónomas, según la ley de vivienda, «a las personas que necesitan una vivienda les importa muy poco quién ejerce la competencia». Y aseguró que el Estado apurará su actuación hasta donde le permita el marco legal. Previamente, en la cadena Ser había asegurado que intervenir en los alquileres turísticos es de su «incumbencia» ya que se está «lesionando el derecho al acceso a la vivienda». En este sentido, mencionó que la ley de vivienda obliga a los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, a «articular mecanismos efectivos para asegurar» el derecho a una vivienda digna. Además, recordó que un reglamento sobre alojamientos de corta duración aprobado por el Parlamento Europeo respalda la intervención cuando existe una «emergencia imperiosa». En concreto, el reglamento señala que «la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento supone una razón imperiosa de interés general, que justifica la adopción de medidas».

La ministra de Vivienda apuntó que en España hay más de 300.000 apartamentos turísticos legales, «mucho más de lo que podemos construir». Recordó que ya hay comunidades que están dando pasos, como Cataluña, Andalucía o Canarias, e insistió en que «respetando la competencia autonómica», el Estado también tiene competencia para intervenir. Actuará con bisturí, explicó porque los alquileres turísticos en algunas autonomías son una oportunidad de «dinamismo turístico». «Hay que regularlo atendiendo a esa diversidad», reconoció.

Por otra parte, la ministra anunció que el Gobierno dará «más seguridad jurídica» a los pequeños propietarios de vivienda -que concentran el 95% de los pisos en alquiler- para que pongan en el mercado más viviendas con alquiler asequible y recordó que tienen bonificaciones fiscales que pueden llegar hasta el 90% de las rentas en zonas tensionadas.

En cuando a los avales del ICO para los jóvenes que pidan una hipoteca para comprar su primera vivienda, la ministra adelantó que estarán disponibles en el mes de mayo.

Rodríguez aseguró que el Gobierno no está haciendo electoralismo político con el tema de la vivienda, en la semana que el Gobierno ha eliminado la concesión de nuevas 'visados de oro' por la compra de inmuebles superiores a medio millón de euros.

En España solo el 2,4% de la vivienda es pública frente a una media del 9% en Europa. Eso significa que en nuestro país faltan un millón y medio de viviendas públicas, que permitirían mantener unos precios de alquiler y de venta del resto del parque inmobiliario más asequible. En realidad, en España se han construido más de dos milones y medio de viviendas con dinero público desde los años ochenta, las VPO, pero todas ellas acabaron siendo privatizadas y permitiendo su venta para beneficio exclusivo del propietario. Con la nueva ley de vivienda, enfatizó la ministra, todo lo que se construya con fondos públicos revertirá al ámbito público.

Por otro lado, la compraventa de viviendas aumentó un 10,3% en febrero en tasa interanual, hasta las 53.142 transacciones, y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 15,3%, hasta las 23.682 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado. El precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.649 euros, un 3,5% superior respecto al mismo periodo del año anterior, con especial aumento en Baleares (+26,2%), Galicia (+18,1%), Aragón (+16,0%) y Andalucía (+12,3%).

Diez autonomías registraron un encarecimiento en el precio de la vivienda respecto a febrero de 2023 y en otras siete disminuyó. Registraron subidas de dos dígitos en Baleares (+26,2%), Galicia (+18,1%), Aragón (+16,0%) y Andalucía (+12,3%). Los aumentos fueron algo más moderados en Castilla y León (+8,9%), Comunidad Valenciana (+8,2%), Extremadura (+8,2%), Murcia (+7,9%), Cataluña (+7,3%) y Asturias (+5,3%). Por el contrario, bajaron en Navarra (-27,2%), La Rioja (-7,5%), Castilla la Mancha (-2,9%), el País Vasco (-2,1%), Cantabria (-1,7%), Madrid (-0,8%) y Canarias (-0,6%).