El Gobierno extiende hasta 2028 la suspensión de desahucios hipotecarios para familias vulnerables

En 2013, tras la crisis económica iniciada en 2008, el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley que paralizaba los desahucios por no pagar la hipoteca de familias en situación de riesgo de exclusión social. Esa suspensión se ha ido prorrogando desde entonces. La última prórroga fue aprobada en 2020, con la pandemia del coronavirus, y se amplió a un mayor número de familias la posibilidad de acogerse a esta protección.

En la tramitación de la convalidación del decreto de medidas anticrisis, el Gobierno pactó con Sumar, Podemos y Bildu extender la suspensión de los desahucios para que votasen a favor en la convalidación del decreto.

Por otro lado, Sumar ha presentado en el Congreso una proposición de ley para eliminar los 'golden visa', los visados de nacionalidad española para personas extranjeras que compren una vivienda de más de 500.000 euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en abril que se eliminarían estos visados pero el Consejo de Ministros sólo analizó un informe para modificar la ley de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy que permite obtener estos visados.

«El PSOE anunció un estudio sobre los 'golden visa'. Presentar un estudio está bien, pero presentar una ley está mejor», afirmó este martes el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y recalcó que estos visados son un privilegio que se ha de eliminar «de inmediato» y que tiene efectos inflacionistas sobre la vivienda. Además, dijo que suponen un peligro en blanqueo de capitales y que otros países como Irlanda, Portugal o Grecia ya han tomado medidas al respecto.

Respecto a la extensión de la suspensión de desahucios hipotecarios hasta 2028 para personas vulnerables, Errejón lo valoró positivamente al tiempo que señaló que es un «parche» al problema de la vivienda en España. «El problema fundamental en nuestro país es el precio de la vivienda», afirmó Errejón, para quien la solución pasa por limitar los precios del alquiler, regular los alquileres turísticos y de temporada y aumentar el parque público de vivienda, que en España es del 2% frente al 20% que hay de media en Europa.