El Gobierno esgrime su presupuesto en vivienda para defender la ley estatal

Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha afirmado esta mañana que si bien la nueva ley de vivienda mostrará un «escrupuloso respeto a las competencias de las comunidades autónomas», también ha defendido que establecerá un marco de actuación a nivel estatal. En este sentido, ha defendido durante su intervención en un seminario virtual organizado por CEOE y el Colegio de Registradores que ya que el Estado financia en gran medida las políticas de vivienda que desarrollan las autonomías y que tiene capacidad legislativa, de análisis y de liderazgo, debe establecer una normativa de alcance nacional que marque unas protecciones y deberes mínimos a las administraciones en cuanto a la intervención en el mercado de la vivienda y sobre la función social del derecho a la propiedad, porque, ha afirmado, «no todo vale» y «hay que proteger a la población para que no se quede sin derecho a la vivienda digna y adecuada».

Para defender el papel económico del Estado central en la vivienda y en las comunidades autónomas, añadió: «La financiación del Estado es esencial en materia de vivienda para la gran mayoría de las comunidades autónomas. Si se dejara de financiar el plan estatal de vivienda sería una catástrofe para las autonomías».

En todo caso, Martín ha asegurado que el objetivo del Gobierno es sacar una ley que tenga «amplísimo consenso». Y, en este sentido, anunció que en las próximas semanas y meses se van a convocar reuniones con todos los actores involucrados en el mercado de la vivienda. «En el objetivo, lograr una vivienda asequible y para todos, no nos separa nadie», ha asegurado Martín.

Además de la regulación de los precios de vivienda, Martín ha expuesto su preocupación por los «porcentajes de vivienda pública miserables» que hay en España, lo que deja al país sin capacidad de reacción ante los problemas sociales que generan crisis como la de 2008 o como la actual. «Existe un problema esencialmente de falta de oferta pública, especialmente en alquiler», ha puesto de relieve Martín. Y es que, si bien en los cincuenta últimos años se levantaron siete millones de viviendas protegidas, ahora sólo quedan 290.000 en manos de las diferentes administraciones. Y, por ello, aseguró: «Tenemos que hacer un esfuerzo monumental de creatividad e innovación para generar un parque público lo más rápido posible. No tenemos tiempo para discutir».

El director general de Vivienda y Suelo también se ha referido a la rehabilitación como instrumento para conseguir que la vivienda existente sea «digna y adecuada». «Llevamos hablando diez años de ello, de una rehabilitación de cierta intensidad. Y ahora hay una oportunidad que es transformadora», ha asegurado refiriéndose a la inyección de fondos comunitarios, que, ha afirmado que se tienen que movilizar con la suficiente rapidez como para generar el empleo que necesita el país ahora mismo en la crisis de la covid-19. De esta manera, su departamento se ha marcado el objetivo de pasar de las 30.000 a las 300.000 viviendas rehabilitadas al año en la próxima década. Y, para ello, buscará incentivar las actuaciones más ambiciosas, con medidas financieras, fiscales y con ayudas públicas. También, facilitando los trámites a las comunidades de propietarios.