El Gobierno compromete parte de los nuevos fondos europeos para financiar sus anuncios de vivienda

El Ejecutivo tenía que cumplir con el plazo establecido por el reglamento europeo para remitir esta adenda (así es como se denomina técnicamente el proceso), que finalizaba el 31 de agosto. Ello tenía que realizarse con independencia de que hayan mediado unas elecciones, la constitución de las Cortes a mediados de agosto y la formación del nuevo Gobierno tras el verano. Según la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el Gabinete ha hecho en este caso un ejercicio de «responsabilidad»,.

Sin embargo, este complejo documento, fruto de la negociación en los últimos meses entre España y Bruselas, incluye tanto previsiones de país -esto es, grandes cuantías para los proyectos estratégicos (los PERTE de la automoción, los semiconductores, economía circular, etc.)- como partidas específicas muy vinculadas a los anuncios realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las semanas de campaña electoral de los comicios municipales. En concreto, habrá un nuevo fondo de resiliencia autonómica con 20.000 millones de euros, que estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Entre otras, incluye acciones en vivienda social y asequible y regeneración. Dicha acción «forma parte de la prioridad que da el Gobierno al desarrollo de vivienda para alquiler, que es muy adecuada», según fuentes gubernamentales.

Con este reconocimiento implícito, España deja en manos de Bruselas un plan que contempla medidas que el futuro Gobierno que salga de las urnas deberá renegociar con Bruselas si quiere modificar esas actuaciones. Así está ocurriendo en Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, ha advertido ante los incumplimientos de Roma que precisamente habían sido comprometidos por su predecesor en el cargo, Mario Draghi, cuando negoció los fondos italianos con la Comisión Europea en 2022.

Para que Bruselas desembolse las cantidades pactadas, España ha tenido que asegurar nuevas reformas legales que la UE exige, como ya pasó con la laboral o la de las pensiones. En este caso, la adenda no incluye grandes cambios estructurales, pero sí «ajustes» -matizan las mismas fuentes- en algunas de las medidas activadas hasta ahora.

Una parte de esas reformas está vinculada al sector energético, donde el Gobierno ha defendido la necesidad de aplicar medidas puntuales como la excepción ibérica y todavía tiene en mente una reforma total del sistema de formación de precios a nivel europeo. En el caso de las promesas ante Bruselas, ha plasmado la necesidad de reformular, por ejemplo, la tarifa regulada de la luz (la modalidad PVPC), una política en la que el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera lleva trabajando varios meses como parte precisamente de los compromisos adquiridos ante la UE. Pero ahora ese cambio en el PVPC se vincula también a la recepción de los futuros fondos europeos cuando el nuevo Ejecutivo que se conforme tenga que materializar este compromiso.

De los 94.000 millones previstos con la adenda, unos 10.300 millones procederán de las transferencias adicionales que se destinarán a reforzar los 12 PERTE que ya están en marcha. En total, se dotará a esos programas con casi 30.000 millones más.

El montante mayor serán los 84.000 millones implementados en préstamos europeos, que se canalizarán a las empresas y a la economía a través de 14 fondos que permitirán que no decaiga el ritmo de actuaciones públicas en determinadas áreas. Calviño indicó que estos fondos van a proporcionar «una red de seguridad para poder mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años». Ahora Europa tiene dos meses para su aprobación y salto definitivo al Ecofin que reúne a los ministros de Economía de la UE.