El Gobierno cifra en 150.000 los pisos afectados por la regulación del alquiler

Así lo ha confirmado este miércoles la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante una entrevista en Onda Cero, en la que ha recordado que ese control de precios, en todo caso, tendrán que activarlo las comunidades autónomas. «Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios, porque en ningún caso se produce un intervencionismo radical con la Ley de Vivienda», ha insistido Sánchez.

En este sentido, y aunque aún quedan algunos detalles del texto por redactar, el Gobierno definirá como grandes propietarios a aquellos que tengan en su haber más de 10 viviendas. Los análisis de diversas consultoras apuntan a que los grandes tenedores apenas representan un 7% del mercado. Dentro de ese grupo, además, la norma establecerá una diferenciación entre personas jurídicas o físicas. Para las jurídicas (fondos como BlackStone o grandes tenedores como CaixaBank), el control de precios se establecería solo en los nuevos contratos que se firmen.

Fuentes consultadas confirman además que, para estos grandes propietarios jurídicos, habrá una «retirada de privilegios fiscales» que, si todo sale según lo previsto, consistiría en una reducción de las bonificaciones de hasta el 85% sobre el impuesto de Sociedades que ahora existen para las entidades arrendadoras de viviendas.

En cuanto a las personas físicas, desde el Gobierno indican que, aunque tengan más de 10 viviendas, no habrá 'topes' obligatorios en los precios del alquiler, sino que se apostará por la figura de los incentivos fiscales para contener la subida de precios.

En la propuesta inicial del PSOE, cuando José Luis Ábalos estaba todavía al frente del Ministerio, se apuntaba a bonificaciones que podían alcanzar hasta el 90% del IRPF para los propietarios de viviendas en zonas tensionadas que rebajasen los precios de sus contratos hasta un 10%. Pero también se apuntaba a una modulación desde la actual reducción general del 60% de la que se pueden beneficiar estos propietarios por alquilar su vivienda hasta el 50%, también modulable bajo distintos criterios. Por ejemplo, si el alquiler se realiza con jóvenes de hasta 35 años, la bonificación podría alcanzar el 70%, igual que si las viviendas se ceden a alquiler social.

Fuentes consultadas apuntan a que la letra pequeña del acuerdo irá en esa dirección. Y desde el Ministerio insistene en que el control de precios que se establecerá a partir del índice de referencia solo se aplicará en las consideradas zonas tensionadas. La gran pregunta es qué criterios definirán esas zonas. «Aún tenemos que ajustar algunos términos en la norma, pero nosotros lo definimos como la zona en la que se han producido incrementos de precios en los últimos años de forma continuada», ha explicado la ministra.

Con esta perspectiva, es previsible que la norma solo afecte a determinados barrios de las grandes ciudades. Y la ministra ha descartado que la medida suponga un obstáculo para la inversión de los grandes fondos en el ladrillo nacional. «Con esta ley hay regulación, no intervención», asegura, insistiendo en que la norma es necesaria para frenar unos precios «desbocados» en las grandes ciudades.

Frente a las críticas del PP que ya ha anunciado que no aplicará la norma en las comunidades donde gobierna, Sánchez ha recordado que el objetivo es ofrecer un marco jurídico estable que establezca «cierta homogeneidad». Pero reconoce que, a partir de ahí, cada comunidad puede decidir si aplicarlo o no. «Allá ellos con los impactos que se puedan producir. Pero nosotros teníamos que actuar», insiste.

Sánchez también ha avanzado que el 'bono joven' para el alquiler de vivienda que se incluirá en la norma costará 200 millones de euros anuales y beneficiará aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes.

El 'bono joven' de vivienda, que tendrá una duración de dos años, estará dotado con 250 euros mensuales e irá dirigido a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. En los casos de las familias más vulnerables este 'bono joven' podrá completarse con ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.