El Gobierno aprueba medidas de apoyo a los inquilinos que incluyen quitas a los grandes tenedores de viviendas

El vicepresidente de Derechos Sociales, en su primera intervención en una rueda de prensa posterior a la celebración de un Consejo de Ministros, se felicitó porque el paquete de medidas para apoyar a los arrendatarios discrimine entre los pequeños propietarios y los «fondos buitre» o grandes tenedores. Así, aseguró que «todos los pequeños propietarios» van a cobrar íntegramente su renta. E ilustró la necesidad de tal garantía con el caso de una pareja de jubilados que tenga una pensión baja y que complementa con la renta de un inmueble adquirido durante toda una vida de trabajo, en contraposición con alguien que tenga quince o veinte viviendas alquiladas o un «fondo buitre» con miles de viviendas y locales en el mercado.

Así, según explicó, los fondos de inversión y los grandes tenedores inmobiliarios tendrán que hacer un esfuerzo y colaborar para que se cumpla con el derecho a la vivienda. Así, los grandes caseros tendrán que optar entre dos vías para ayudar a sus inquilinos en dificultades: aceptar una quita del 50% en las rentas o asumir una reestructuración de la deuda, es decir, repartir el pago de las rentas no retribuidas durante en un plazo de tres años.

El punto fuerte del plan del alquiler es un paquete de microcréditos públicos a interés cero que podrán solicitar los inquilinos que hayan quedado en una situación vulnerable por la crisis y que tendrán la posibilidad de devolver en seis años prorrogables por otros cuatro ejercicios, si se tienen problemas para hacer frente a su devolución en el primer plazo marcado.

Para acceder a estos créditos, la definición de hogar vulnerable se flexibiliza, para que sea más inclusivo. Así, de los créditos se podrán beneficiar las personas paradas, los trabajadores sometidos a procesos de ERTE o reducciones de jornada, así como los autónomos que hayan sufrido una fuerte caída de sus ingresos. El vicepresidente Iglesias ha calculado que serán medio millón de hogares los beneficiados por estas medidas.

Los hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos también contarán con ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. «El Estado se va a hacer cargo de los alquileres de las personas que no puedan devolver las ayudas públicas», aseguró Iglesias. «El Estado no les va a dejar tirados», ratificó el vicepresidente.

Además, el decreto contempla la suspensión de los desahucios para hogares sin alternativa habitacional hasta el día en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma. «Nadie puede ser expulsado de su vivienda», ha afirmado Iglesias.

Y también se establece una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que fueran a vencer inmediatamente. Ello implica, según Iglesias, que a nadie se le pueda subir el precio del alquiler en un plazo de seis meses.

El Gobierno, también en materia de vivienda, ha decidido ampliar a tres meses la moratoria en el pago de la hipoteca para las personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos. Además, Iglesias ha anunciado la ampliación en el alcance de la moratoria a los autónomos, profesionales y pymes en dificultades y a los préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo.