El Gobierno ampliará a personas vulnerables el seguro contra el impago del alquiler

Así lo anunció ayer la ministra Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, recordando que esta herramienta financiará una cobertura de hasta el 5% de la renta anual en caso de que el inquilino atraviese dificultades financieras y no pueda hacer frente al pago de su alquiler. Por ejemplo, sobre una renta anual de 8.400 euros (700 euros mensuales), el seguro cubriría 420 euros.

La ministra no detalló el gasto que supondrá este nuevo mecanismo, que se sumará a los 200 millones de euros presupuestados para hacer frente al bono joven en 2022.

En total, el presupuesto en vivienda previsto para el próximo año alcanzará los 3.290 millones de euros. Una cifra histórica que, según recordó Sánchez, se ampliará en los próximos años con un desembolso total de 10.000 millones hasta 2025 si se suman las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, el Plan Estatal de Vivienda, el bono joven o el Plan de Alquiler Asequible.

A la espera del texto definitivo de la Ley de Vivienda, resulta difícil encontrar algún sector que esté de acuerdo con la totalidad del anteproyecto aprobado ya en Consejo de Ministros. Los últimos en sumarse a las críticas han sido los constructores que, a través de la CNC, advierten que la regulación espantará la inversión de los grandes fondos.

Del mismo modo, alertan de otros factores, como el hecho que la ley defina como «acoso inmobiliario» la «perturbación a cualquier persona en el uso pacífico de la vivienda y creación de un entorno hostil, con la finalidad de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que le ampara al uso y disfrute de la vivienda».

Denuncian que esta narrativa daña el derecho de la propiedad y genera inseguridad jurídica a los dueños de las viviendas.