El gobernador asesorará en vivienda sin las cortapisas que tiene en pensiones

El Banco de España le ha prestado mucha atención a la vivienda, especialmente desde la crisis financiera de 2008 tras las hipotecas subprime y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Como en un péndulo, hemos pasado de un extremo a otro en poco más de quince años. Antes de 2008 las entidades financieras prestaban dinero de forma imprudente para comprar inmuebles, sin medir la capacidad económica del endeudado para devolver el préstamo y por encima incluso del precio de la vivienda.

La crisis económica provocó entonces un aluvión de impagos y los inmuebles no cubrían la deuda. El Banco de España, como supervisor bancario y garante de la estabilidad financiera, ha tenido que convertirse también en vigilante, o al menos observador, de lo que ocurre con la vivienda, sobre todo, tras el fracaso de su actuación en la crisis financiera de 2008, que llevó a la desaparición de decenas de cajas de ahorros y algún banco.

El nuevo gobernador, José Luis Escrivá, no podrá perder de vista el problema de la vivienda. A su favor cuenta con que no es un área en la que haya intervenido como ministro, como sí ocurre con la reforma de las pensiones, y se verá menos cuestionado por los informes que emita la institución. En todo caso, la política de vivienda no es una desconocida para el nuevo gobernador.

En 2019, cuando Escrivá era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este organismo alertó de que las ayudas a la vivienda se repartían a las autonomías con criterios desconocidos. También criticó entonces que no se realizara un análisis a posteriori sobre la utilidad de las ayudas o subvenciones y de si se habían destinado correctamente.

Habrá que esperar para ver si Escrivá cambia la orientación en las recomendaciones y los análisis que ha hecho el banco central sobre la política de vivienda del Gobierno. Hasta ahora el Banco de España ha sido bastante crítico con varias de las medidas aprobadas por el Ejecutivo, como las incluidas en la ley de Vivienda. El supervisor ha advertido repetidamente al Gobierno que los controles del precio del alquiler «no atajan» la principal causa del problema, que es la insuficiente oferta para satisfacer la demanda; y, de hecho, esos topes a los alquileres podrían generar efectos adversos, como una contracción adicional en las áreas reguladas, así como un incremento en el medio plazo de los precios fuera de esas áreas.

España se encuentra entre las economías desarrolladas de la OCDE con mayor duración mínima de los contratos (cinco años si el arrendador es persona física y siete años si es una sociedad), no se pueden subir más que el IPC y los plazos legales para desahuciar se han incrementado. La principal recomendación del Banco de España ha sido la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria a los propietarios de vivienda arrendada porque es lo que puede estimular que se pongan más viviendas en alquiler. El supervisor insistió en que la ampliación de los plazos en la duración mínima de los contratos de alquiler, la limitación de las subidas de los precios o las restricciones a las cláusulas de rescisión en el caso de impagos recurrentes o daños en la vivienda arrendada reducen la oferta en alquiler.

En cuanto a los avales a los jóvenes y hogares de renta media-baja para la adquisición de vivienda, el supervisor financiero considera que en un mercado con oferta rígida como el actual esas políticas de apoyo suelen generar un aumento de los precios de compraventa.

Como alternativas, el Banco de España ha propuesto agilizar y simplificar la gestión administrativa de suelo y urbanismo con el fin de facilitar la construcción de nuevos inmuebles, impulsar la rehabilitación y cesión de viviendas, revisar la tributación de la vivienda (subir el IBI y bajar el IVA), impulsar la oferta de alquiler social y mejorar el transporte público metropolitano. Pero seguro que Escrivá tiene sugerencias propias.