El Gobierno construirá 20.000 viviendas sociales en seis años para abaratar el alquiler

Y la actuación más ambiciosa que prevé para ello -al menos en el plano presupuestario- es la construcción de 20.000 viviendas con fines sociales «en el plazo de cuatro/seis años», destinadas «de forma indefinida» al alquiler o la cesión en uso, «con renta o precio limitado» y en aquellos municipios y localizaciones «con demanda acreditada», donde los precios de arrendamiento de inmuebles «se estén incrementando con mayor intensidad». En concreto, el papel del ministerio aquí será «impulsar su promoción» en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Las administraciones territoriales «facilitarán los suelos más adecuados», mientras que el Estado contribuirá «a través de su impulso y apoyo financiero». Ábalos, sin embargo, no concretó el presupuesto para este proyecto, que fue bien recibido desde los principales portales inmobiliarios. Para José Luis Encinar, jefe de estudios de Idealista, «sin duda puede ser una solución» a parte de los problemas actuales de demanda y oferta, aunque lamenta que «probablemente llegará tarde» porque los procesos regulatorios para construir casas en zonas como Madrid, Barcelona o los dos archipiélagos son «complejos y largos». En este sentido, su homólogo en Pisos.com, Ferrán Font, dijo que la clave será mantener «un punto de equilibrio» entre la situación precedente y un posible exceso de intervencionismo.

El Ejecutivo, de momento, tiene claro que va a «fortalecer el papel activo» de Sepes, la entidad pública empresarial de suelo, de manera que pueden producirse cambios en este mercado a medio plazo. También se mejorará la financiación para la promoción de vivienda en alquiler a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con líneas específicas.

No será el único organismo vinculado al Estado del que tiren en Fomento para apoyar sus planes de vivienda. Para el ministro también es «imprescindible» la búsqueda de acuerdos con la Sareb, esto es, el llamado 'banco malo', con el fin de incrementar la oferta de vivienda en alquiler «a corto plazo». Desde su creación en noviembre de 2012 para asumir los activos inmobiliarios 'tóxicos' de las entidades financieras y ayudar a sanear sus balances, la Sareb ha vendido 68.300 casas a particulares y ha comprometido otras 4.000 unidades para fines sociales, un campo donde según resaltó Ábalos «existe un grave déficit».

Otro punto destacado de los planes gubernamentales sobre vivienda, que serán abordados por una comisión interministerial para desarrollar medidas «urgentes», es la reforma del marco regulatorio del alquiler. Lo hará, señaló, para «atender la intensa demanda social y a los diferentes agentes y operadores económicos que reclaman revertir las consecuencias» de los cambios «liberalizadores» de 2013 sobre la normativa de arrendamientos urbanos.

Su idea es buscar un «amplio acuerdo político y social» para recuperar el espíritu de la Ley de 1994, concretado en tres puntos. De un lado se alargará «probablemente» a cinco años la extensión de los contratos, ampliando los plazos de prórroga obligatoria y tácita. Por otro, se establecerán «límites razonables» al régimen de garantías, a fin de «regular el importe» y acortar las «exigencias» al arrendatario en la firma. Por último, se avanzará en la seguridad jurídica, de forma que si la vivienda en alquiler se transmite a un tercero «deba respetarse el contrato vigente, aunque no se halle inscrito en el Registro de la Propiedad».

Aparte, ya en el plano impositivo, se analizará la tributación sobre la vivienda en alquiler y se estudiarán cambios en los incentivos fiscales. El objetivo es estimular la oferta, «moderar» los precios e impulsar la rehabilitación edificatoria.