Fomento iniciará la promoción de 5.000 viviendas para alquileres de 400 euros

Con estas 5.000 nuevas casas se llega casi a un tercio de las 20.000 para el parque público anunciadas por Ábalos en julio. Según ha asegurado el titular de Fomento en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, el plan «ya se ha puesto en marcha» y que la promoción de viviendas por parte de Sepes será «por sí misma o por convenios con ayuntamientos». En ese sentido, el ministro ha instado a «un gran pacto de Estado por la vivienda». Ha indicado que las casas para alquiler social representan el 2,5% del parque de vivienda de España, uno de los índices más bajos de la Unión Europea.

También ha considerado que algunas medidas requieren de urgencia por lo que se aprobaran reformas antes de que termine el año con decretos leyes que luego convalidará el Parlamento: «No son decretazos», ha dicho. Así, se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos para estirar los plazos de alquiler y que los inquilinos tengan «más estabilidad» y la Ley de Enjuiciamiento Civil para detectar a los que van a ser desahuciados para que los jueces se coordinen con los servicios sociales y poder dar alternativas.

Por otro lado, Ábalos ha anunciado que el Ministerio está estudiando la posibilidad de reducir el coste de las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado con el objetivo de aumentar su tráfico. «Creemos que estas infraestructuras pueden ser más usadas y pueden representar una buena opción», ha explicado, a la vez que ha anunciado su intención de que estas carreteras tengan «precios razonables» y «ciertas ventajas» para los vecinos de las zonas donde se encuentran.

Las nueve autopistas rescatadas y que gestiona Fomento son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas, la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.

El ministro ha anunciado además que Fomento tiene parado el proyecto del anterior Gobierno de volver a sacar a concurso estas carreteras para ceder otra vez su gestión a empresas privadas y que no lo abrirán hasta que no sepan exactamente el coste que supondrá para el Estado este rescate en la anterior legislatura. Aunque el Gobierno calcula que esta Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) -importe que el Estado debe pagar a las empresas que tenían la concesión de las vías para compensar las inversiones- es de alrededor de 1.800 millones de euros, aunque el sector lo elevan hasta los 5.000 millones.