Más deducciones para el alquiler de vivienda

Para ello se tendrá en cuenta el nuevo sistema estatal de índices de referencia del precio de esos alquileres -el Ministerio de Fomento lo ve «fundamental» para mejorar la «información y transparencia», y se da un plazo de hasta ocho meses para ponerlo en marcha-, compatible con las estadísticas que ya tienen varias comunidades autónomas. Los datos se tomarán de los contratos registrados públicamente, aunque los cambios afectarán a todos los acuerdos pero no tendrán carácter retroactivo.

Esas modificaciones se incluían en su mayoría en el decreto aprobado el pasado 14 de septiembre, pero rechazado solo 35 días después por el Congreso. Entre ellas, que los contratos durarán de inicio cinco años -siete si el propietario es una empresa-, ampliables directamente por otro trienio. La novedad es que si no se pacta otra cosa entre las partes, las actualizaciones de rentas se harían conforme al IPC anual, en concreto el último dato de la inflación antes de que se firmase el acuerdo correspondiente.

Asimismo, como garantía adicional el dueño solo podrá requerir dos meses extra de fianza, pero si es una empresa ésta pagaría a la inmobiliaria en caso de que hubiera mediado en la operación. A la hora de renunciar a la prórroga automática de los contratos que se establece ahora, los propietarios tendrán la mitad de margen de tiempo que los inquilinos: un mínimo de cuatro meses para el aviso de los primeros frente a dos en el caso de los segundos.

Pero de límites directos a los precios del alquiler, «nada de momento» ni tampoco se prevé que cambie la situación a medio plazo por la «dificultad de legislar algo así», señalan desde el departamento que dirige José Luis Ábalos. Por ello desde Podemos se acusa al Gobierno de ser «cobarde por no regular», aunque adelantan su probable voto positivo en el Congreso -en su Diputación Permanente si llegara el caso- porque el decreto «es una mejora». En PNV y PDeCAT se muestran proclives a seguir sus pasos, pero insisten en que desde el Ejecutivo sean «más ambiciosos» en los incentivos fiscales para ampliar la oferta de vivienda y moderar los precios.

Respecto a las viviendas turísticas, una vez entre en vigor el decreto podrán ser promocionadas fuera de los canales sectoriales, una medida que busca aumentar la oferta de casas en alquiler. No obstante, las comunidades de vecinos tendrán capacidad para controlar e incluso limitar su actividad. De esta forma, por decisión de una mayoría de al menos tres quintos podrán elevar hasta un 20% su participación en los gastos comunes y cuotas e incluso, en último caso prohibir su arrendamiento en función del perjuicio que pudieran causar.