El Gobierno ultima una norma para mitigar el golpe inflacionista en la obra pública

Una situación que también ha puesto en alerta a la Administración, con la ejecución de la obra pública sufriendo ya por unos contratos firmados con estimaciones de costes completamente desfasadas y que, por lo tanto, no resultan rentables a las constructoras, que deben hacer frente en solitario a esos sobrecostes.

La amenaza de la cancelación de proyectos está en el aire. Y esto, entre otras cosas, supone un serio riesgo de ejecución de los más de 35.000 millones de euros que el sector recibirá en los próximos meses en forma de fondos europeos. Conscientes de la urgencia por cumplir los hitos comprometidos con Bruselas, fuentes consultadas indican que el Gobierno tiene ya preparada una nueva fórmula para reequilibrar de forma automática los contratos a la evolución de los precios de las materias primas.

Este mecanismo, que se aprobaría por real decreto en Consejo de Ministros, buscaría reestablecer una medida similar a la que se eliminó en la anterior reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007.

El Ejecutivo es consciente del problema que puede suponer un parón en las obras en este momento, a las puertas del torrente de dinero que llegará con los fondos europeos. De hecho, se sabe que ADIF ya ha licitado algunos contratos incluyendo esa revisión de precios que desde hace meses reclaman los constructores, pero el problema está en aplicarlo a las obras que ya están en marcha. Y es ahí donde entraría a jugar la nueva norma que ultima Transportes y que, según fuentes consultadas, estaría solo a falta del visto bueno de Hacienda tras comprobar su impacto presupuestario.

«La idea es que ese reequilibrio se produzca según las alteraciones de los precios posteriores a la presentación de los proyectos, tanto al alza como a la baja», explican las fuentes consultadas. Otra fórmula que se ha barajado, aunque sería más compleja de poner en marcha, es la de exigir que se incluya en los contratos un seguro que cubra la variación de precios de las materias primas.

«Es una medida conjunta de Transportes, junto con Economía y Hacienda para vigilar el impacto en Presupuestos, pero están actuando rápido porque ven que algunas licitaciones corren el riesgo de quedarse desiertas; es decir, no se presenta ninguna oferta», indican fuentes del sector. Los casos más recientes se han dado, según explican, con una obra en Extremadura y otra en la Comunidad Valenciana, ante el desfase entre los precios de las materias primas y lo calculado en los contratos.

El momento es urgente. Sobre todo por el temor a que la paralización de obras perdure en los próximos meses poniendo en riesgo la ejecución de los fondos europeos. Todo en un sector que, además, adolece de un grave problema de mano de obra y calcula un déficit de unos 700.000 trabajadores para hacer frente a las inversiones previstas en el Plan de Recuperación.

Según explican desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en 2007-2008, a punto de ponerse en marcha el 'Plan E', el sector contaba con 2,8 millones de trabajadores. Actualmente, y a las puertas de los fondos europeos, la cifra ronda los 1,3 millones.

En este sentido, desde la CNC solicitan que este dinero de Bruselas sirva también para la formación de estos trabajadores, que en muchos casos no están cualificados para hacer frente a los compromisos -más digitales y de sostenibilidad para el sector- del Plan de Recuperación.

Desde el sector temen, además, que todo este entorno genere cuellos de botella en las licitaciones, también por la enorme carga burocrática a la que tendrán que hacer frente las administraciones locales para poner en marcha los proyectos seleccionados para estas inversiones. «Ya llegamos tarde a los plazos pactados para la licitación y ejecución de 35.000 millones que van a llegar al sector en los próximos meses», advierten.