El Poder Judicial tumba el informe que avalaba la ley de Vivienda

La ley de Vivienda está condenada a ser un dolor de cabeza para el Gobierno. Ha generado discusiones, a veces desabridas, en el Consejo de Ministros, ha llevado al límite la armonía en la coalición gubernamental, ha provocado un sinfín de reuniones, y ahora que parecía encarrilada en un texto ha llegado el Consejo del Poder Judicial para dar un revolcón al proyecto.

El vocal Enrique Lucas, de la factoría el PNV, enmendó de la cruz a la raya el informe de Cuesta por otorgar al Estado competencias sobre vivienda que la Constitución reserva en su artículo 148.1 a las comunidades autónomas. Dicha disposición «no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales», señala en su enmienda el vocal y exalto cargo del Gobierno vasco. Cuesta defendió en su análisis que «el Estado español tiene titulo competencial para legislar sobre la vivienda».

La posición autonomista de Lucas fue respaldada en bloque por el sector conservador del Consejo del Poder Judicial, con su presidente, Carlos Lesmes, a la cabeza. El pleno del gobierno de los jueces celebrado hoy, además de rechazar el documento de Cuesta, acordó designar al propio Lucas y a José Antonio Ballestero, vocal propuesto por el PP, como nuevos ponentes. Su dictamen se estudiará el próximo 27 de enero. A la vista de las posiciones expuestas hoy -se criticó el «sesgo ideológico» de las conclusiones de Cuesta y su escasa «solvencia técnica»- no sería de extrañar que el nuevo informe asestará un severo correctivo al proyecto gubernamental.

El parecer del Consejo General del Poder Judicial es preceptivo aunque no es vinculante para el Gobierno. Pero, sin duda, es un contratiempo para la coalición gubernamental. Los efectos prácticos son escasos porque el Gobierno va a seguir adelante y solo aplaza hasta febrero la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros. Otra cuestión es el impacto jurídico que tendrá porque abona el terreno para ulteriores recursos tanto en la vía judicial ordinaria como ante el Tribunal Constitucional si el PP o Vox dan ese paso.

La Moncloa encajó con sorpresa el portazo porque no es habitual que el Poder Judicial ponga reparos de fondo a los proyectos de ley del Ejecutivo. El Ministerio de Transportes emitió un comunicado para mostrar su «respeto» por la decisión aunque lamentó «el retraso en la tramitación».

En el PSOE fuentes con peso en el partido señalaron que la decisión del Poder Judicial explica «por qué el PP no quiere renovar» el Consejo a pesar de que lleva más de tres años con su mandato vencido. Para los socialistas, es la prueba palmaria de que el principal partido de la oposición quiere estirar al máximo la mayoría conservadora que conquistó en 2013 en el órgano de gobierno de los jueces para entorpecer la labor gubernamental sin reparar en el daño institucional que supone convertir el Consejo en una instancia política para enfrentarse al Gobierno.

Unidas Podemos también mostró su «preocupación» por «los retrasos injustificables» en una ley de Vivienda «que incluye avances históricos». Los morados subrayaron que el proyecto permite «por primera vez» regular los alquileres en las zonas con precios disparados, frena los desahucios sin domicilio alternativo para familias vulnerables o prohíbe la venta de vivienda protegida.

La decisión del Poder Judicial, por otra parte, hace prever que la ley de Vivienda no va a tener una singladura parlamentaria plácida. Al anunciado rechazo de la oposición conservadora, es probable que se sumen los reparos de sus socios nacionalistas por la invasión competencial apuntada por el vocal apadrinado por el PNV.