Cataluña, primera autonomía que quiere limitar el precio del alquiler de vivienda

La idea –explicó la consellera de Justicia, Ester Capela–, es «evitar abusos, como el aumento desproporcionado de la renta al cabo de solo tres años de contrato, que contribuyen a la expulsión de los vecinos y a que se destinen los inmuebles a usos no residenciales». Por eso estudia habilitar al área de Vivienda a limitar «directamente» los precios de arrendamiento, o bien dar atribuciones a sus ayuntamientos para ello, que es justo lo que pretendía Unidos Podemos que hiciera el Ministerio de Fomento pero que éste evitó por su «alto grado de complejidad».

La otra gran modificación que llevaría este decreto autonómico es alargar la duración mínima de los contratos más allá de los nuevos plazos aprobados el viernes por el Consejo de Ministros. Así, frente a los cinco años que prevé la nueva norma estatal –siete si el dueño del inmueble es una empresa–, el Ejecutivo catalán contempla fijar una horquilla mínima de seis a diez años, aunque también se distinguiría entre particulares y sociedades.

Ante la posibilidad de un choque de competencias con el Estado –que podría recurrir el Tribunal Constitucional–, Capela sostuvo que en materia de derecho civil primaría el de cada territorio sobre el estatal, en este caso el catalán sobre el español, por corresponder al ámbito privado. Por eso entienden que tienen capacidad «exclusiva» para «compatibilizar» el acceso a la vivienda con el turismo y el negocio inmobiliario.

El decreto del Gobierno sobre alquiler de vivienda, criticado por gran parte del propio sector -desde portales inmobiliarios a agencias, administradores de fincas y grandes fondos de inversión-, será publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según las previsiones que se manejaban. De esta forma sus medidas -como fijar en el IPC el tope de las revisiones anuales de renta- entrarían en vigor en todos los contratos de arrendamiento que se firmarán a partir del miércoles, con independencia de que se inscriban o no en un registro público.