Cómo pinchar la burbuja del alquiler

Así, mientras que la proporción de población española que vivía en una casa de alquiler fue del 23,9% en 2018, en la media de la UE asciende al 30,7%, destacando los casos de Alemania (48,6%), Austria (45%), Dinamarca (37,8%), Francia (35,6%) o Reino Unido (35%). En España el peso del mercado del alquiler ha subido en cinco puntos porcentuales desde 2005 a 2018, hasta el 23,9%. En total, el número de hogares en régimen de alquiler está algo por encima de los 3 millones frente a los 2,4 millones de diez años atrás.

Por todo ello, el Banco de España lamenta la ausencia de un índice de precios oficial de los nuevos contratos que, idealmente, «debería ajustar los precios del alquiler para tener en cuenta las características del inmueble arrendado». Hay tres comunidades donde la proporción de hogares que viven en régimen de alquiler está por encima de la media: Baleares (28,3%), Cataluña (26,3%) y Madrid (24%). Coinciden con las regiones donde más han subido los precios. Los datos del organismo indican que desde 2014 en Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria se han sufrido incrementos de más del 45%.

«La solución mágica no existe», asegura rotundo el experto en Ciudad y Urbanismo de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), Xavier Anzano. En su opinión, tampoco hay una única causa y la respuesta pasa por múltiples medidas que las hagan frente. Algunas de las propuestas son la regulación de precios que permita no continuar con la escalada, regulación para hacer más asequible la compra de vivienda o un parque público de alquiler social, que en España es de los más escasos de Europa.

De hecho, el profesor de la UOC no encuentra problemas ni a nivel cultural para aplicar normas que restrinjan la subida de precios de los alquileres: «Aunque en nuestro país la opción de la propiedad es mucho mayor que el alquiler en proporción a las preferencias de austriacos, franceses y alemanes, en ciudades como Barcelona entre un 30% y 40% de sus residentes viven en alquiler. No veo inconveniente cultural, de mercado o legal para regular anomalías en el acceso a un derecho básico como la vivienda, más si esta regulación tiene su enfoque en ciudades con este problema y también sobre las viviendas de determinadas características donde residen clases medias y populares», explica Anzano a este periódico.

El nuevo Gobierno aún está en el aire. Si la opción más probable (coalición entre PSOE y Unidas Podemos) llega a gobernar, el experto considera «positivo» que avanzaran en el sentido acordado en 2018 que consistió en posibilitar legalmente que ayuntamientos y comunidades pudieran establecer elementos de control sobre los alquileres, así como una «ampliación presupuestaria considerable» para el desarrollo de políticas públicas de vivienda.

El Ministerio de Fomento elaboró un decreto del alquiler que se aprobó este año y que como principales características tiene la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de los 3 años actuales a 5 o incluso 7 si el propietario en vez de un particular es una empresa. También se limitaron las subidas del precio del alquiler al IPC durante la vigencia del contrato. Su intención a futuro es ampliar el parque público de vivienda de alquiler a precios asequibles, pero no detallan en qué cantidad.

El plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones a la Comisión Europea revela que el 0,4% del PIB de 2019 y 2020 se destinará a la vivienda. Pero, ¿con qué medidas? El tema es uno de los puntos de discordia entre ambos partidos sobre todo por la idea de Unidas Podemos de intervenir directamente en el mercado limitando los precios, algo que los socialistas dejaron finalmente fuera del decreto sobre el alquiler. En el programa electoral de los partidos para concurrir a las últimas elecciones del 10 de noviembre las medidas no eran demasiado concretas. Mientras que el PSOE apostaba por ampliar la oferta de vivienda asequible, el PP se centró en deducciones fiscales para los propietarios de viviendas de alquiler y Ciudadanos en reducir las trabas para rehabilitar inmuebles.

Hasta ahora en la mayoría de los casos, para firmar un contrato de alquiler en España hay que acreditar un contrato de trabajo indefinido, pagar uno o dos meses de fianza y en ocasiones también la comisión de la agencia inmobiliaria. Por ello, los ciudadanos miran con envidia a ciudades del entorno que han empezado tomar medidas. Es el caso de Berlín, que se ha convertido en el primer estado federado en Alemania en congelar los precios de los alquileres los próximos cinco años por ley y establecer que a partir de 2022 los incrementos estén ligados a la inflación, una medida que afectará a 1,6 millones de casas.

Además, el gobierno ha decidido también remunicipalizar más de 6.000 viviendas para incorporarlas al parque público. La iniciativa responde al crecimiento del precio de la vivienda, que se ha disparado un 120% en diez años, según datos del Deutsche Bank.

Viena es el ejemplo al que miran las grandes ciudades europeas que buscan equilibrar los precios de los alquileres a la subida de los salarios. Su plan ha sido estudiado durante años hasta que hoy el ayuntamiento de la capital austriaca es el principal casero de los ciudadanos al disponer de 400.000 viviendas públicas en las que vive el 60% de la población, que tienen la seguridad de que nunca se destinarán a la venta.

El Gobierno invierte anualmente 600 millones de euros en construir nuevas casas de protección oficial en toda la ciudad -no solo en las afueras- y rehabilitar las más antiguas, el 5% del total de su presupuesto. Pueden acceder a este servicio cualquier persona empadronada en la ciudad con un salario inferior a 45.000 euros anuales. Su máxima consiste en que cuanto menos tengan que pagar los habitantes por su vivienda, más gastarán en ocio, compras u otras cuestiones que permitan activar el consumo y aumentar la recaudación del Estado.

También el país vecino ha tomado medidas en la lucha contra los alquileres abusivos. En Lisboa se ha promulgado la Ley de Arrendamiento Accesible que en vez de limitar los precios, facilita el acceso de las rentas más bajas a casas asequibles. La norma ofrece ventajas fiscales a los propietarios que se sumen al programa y ofrece viviendas ajustadas a la renta a los inquilinos con más dificultades para acceder a ellas.