Casi 2.350 okupas ilegales entorpecen el plan de vivienda social de la Sareb

La gestora que nació en 2012 para hacerse cargo de los activos problemáticos de las cajas quebradas trabaja a fondo desde hace años en esta estrategia de casas asequibles. Pero su programa se aceleró en 2022 después de que el Estado, a través del FROB, asumiese la mayoría del accionariado. La gestión social pasó entonces a ser propósito prioritario y así se demostró con movimientos como el fichaje de Pau Pérez de Acha, directivo procedente de la división de vivienda social de Banco Sabadell y muy reconocido por sus éxitos en esta área.

La Sareb cuenta actualmente con un parque de 14.789 viviendas dentro de su programa social y asequible que, según indican fuentes de la entidad, «llegaron a la cartera bajo muy diferentes casuísticas», algunas de ellas adjudicadas tras la resolución de concursos de acreedores de los promotores, por ejemplo.

Entre todas ellas, existe una severa lacra, la de la ocupación ilegal, que amenaza con entorpecer los objetivos de la entidad. Y también los del Gobierno, que tiene en estos inmuebles una de sus bazas para cumplir su compromiso de vivienda social. En concreto, la Sareb aún cuenta con 2.349 casas ocupadas de forma ilegal por personas que no son vulnerables, contra las que ya se han emprendido acciones -primero «amistosas» y después judiciales- para recuperar su control y poder vender posteriormente.

Y siempre con el horizonte en noviembre de 2027, cuando en principio debería terminar la vida útil de la sociedad. Pero este tipo de procesos son largos, retrasando el momento en el que la gestora puede tomar posesión del activo que, en muchas ocasiones, debe rehabilitar o reformar y arreglar después para ofrecerlo en condiciones aceptables.

Además de las ocupaciones ilegales, Sareb también ha detectado a muchos residentes que presentan impagos, aunque por situaciones de auténtica vulnerabilidad. «Son familias que han perdido su fuente de ingresos principal porque, por ejemplo, les han despedido del trabajo, o que tienen niños a su cargo, pero que están dispuestas a pagar», indican desde la gestora.

Tras un exhaustivo análisis para detectar a todo este colectivo, la sociedad ha puesto en marcha una nueva estrategia que ha sustituido a la vía judicial. Para estas familias –sobre las que se realiza una aproximación individual, puerta por puerta– se activa un amplio protocolo para la firma de un alquiler social (inferior al 30% de sus ingresos), seguido de un programa de acompañamiento destinado a acceder a posibles ayudas públicas, además de impulsar la inserción laboral con mediadores sociales.

Con estas actuaciones se han logrado pactar unos 30 alquileres sociales al día, ofreciendo casas por menos de 200 euros a estos perfiles copados por familias monoparentales con una media de dos menores a cargo e ingresos medios de 896 euros al mes, el 55% procedentes de ayudas.

El mensaje desde la Sareb es claro: «Sin sostenibilidad económica, no hay sostenibilidad social», indican, en referencia a la utilidad de este sistema para reducir las pérdidas que la propia sociedad puede sufrir con estos inmuebles. Sus estimaciones apuntan a que las familias vulnerables que presentan impagos suponen un gasto anual –es decir, pérdidas– de 1.540 euros por casa al año. Si la gestión social culmina con éxito, no solo se reducen las pérdidas, sino que de media se logra un 'extra' positivo de 92 euros al año.

Ese éxito en las negociaciones con las familias también resulta clave para cumplir el objetivo del Gobierno de poner 50.000 casas de la Sareb a disposición de ayuntamientos y comunidades para alquiler social. De esa cifra total salen las 14.000 que ya están habitadas por vulnerables, pero con muchos contratos irregulares o con las mencionadas ocupaciones que hay que regularizar.

Pero también hay otras 2.846 alquileres sociales que ya se han firmado y 1.893 viviendas más que corresponden a convenios con administraciones públicas para familias de bajos ingresos. Otras 4.105 están actualmente en fase de estudio para este programa y, por último, 3.597 pagan precios de mercado.

Además de esas 14.000 viviendas, el plan de Sánchez con la Sareb incluye 35.000 ya edificadas (de las que solo 9.000 están disponibles para entrar)y otras 12.0000 pendientes de rehabilitar, por lo que tampoco pueden ser habitadas de momento.