¿Vivienda protegida es proteger el derecho a la vivienda?

Las VPO vivieron una época de esplendor en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Entre 1960 y 1979 se construyeron 5,4 millones de viviendas, de las que 3,4 millones (el 63%) fueron viviendas a precio protegido y otros 2 millones de viviendas a precio libre, abandonando el Estado la construcción de viviendas de alquiler asequible. En los años 60 la gran mayoría de las viviendas terminadas fueron protegidas y apenas se construyeron viviendas de precio libre. En los 70 despegó la construcción de vivienda libre, aunque las viviendas protegidas supusieron más de la mitad de las construidas cada año, según un informe de CCOO.

Pero también en las décadas siguientes a la instauración de la democracia, las VPO siguieron teniendo su espacio, aunque cada vez más reducido. Entre 1980 y 2023 se levantaron 11,8 millones de viviendas, de las cuales 2,7 millones fueron vivienda protegida, en su inmensa mayoría en propiedad, los restantes 9,1 millones fueron viviendas de precio libre. Y, sobre todo, desde la burbuja inmobiliaria, la construcción de nuevas VPO ha caído en picado.

¿Es esto malo?

Como hubiera dicho Pau Donés: Depende. Todo depende.

La VPO permitió a muchas familias acceder a una vivienda a un precio inferior al del mercado gracias a las ayudas públicas y, por tanto, mucho más asequible. Pero, pasado un tiempo determinado, los propietarios podían vender en el mercado libre esas VPO y obtener unas ganancias basadas en los bajos precios de la vivienda protegida que adquirieron en su momento gracias a la financiación pública. Según el informe de Comisiones Obreras, cada año se venden entre 40.000 y 50.000 viviendas protegidas; y, desde el año 2000, más de 765.000 viviendas protegidas se han privatizado.

Normalmente, se puede vender una VPO pasados 10 (a veces 30 años), que es el tiempo tras el cual el piso puede convertirse en una vivienda libre, aunque este plazo dependerá de la legislación de cada comunidad autónoma. Pero también se puede vender antes de ese tiempo si existen motivos de peso, como el traslado a otra ciudad por motivos laborales o el aumento en el número de miembros de la familia incompatible con el tamaño de la vivienda. En estos casos, la consejería de vivienda de la comunidad autónoma donde se ubique el inmueble estipulará el precio máximo legal de venta de la VPO. Pero si se vende pasado el plazo no se necesita autorización ni devolver las ayudas y se podrá obtener el precio que se quiera.

Si los 2,7 millones de viviendas protegidas terminadas desde 1980 hubieran tenido la condición de protegida con carácter permanente, es decir, no descalificable, España dispondría hoy de un parque de vivienda protegida en propiedad de más de tres millones de viviendas, donde los propietarios podrían vender sus viviendas al precio protegido en vigor en cada momento y recuperar su desembolso y las administraciones públicas reasignar esas viviendas a precio protegido a la población que lo necesitara y cumpliera con los requisitos.

Desde 2014, la vivienda protegida representa solo el 10% de las nuevas viviendas construidas. Y las nuevas viviendas apenas suponen el 20% de las compraventas de vivienda de la última década. La vivienda usada es la que mueve el mercado (91% de las transacciones en 2023), mientras la vivienda nueva ha incrementado sus precios un 80% en términos nominales desde 2015 -por el aumento de los costes de suelo, materiales de construcción y mano de obra- orientándose hacia segmentos de mercado de mayor rentabilidad.

La política de vivienda del Gobierno vasco es una «inspiración», según la ministra Isabel Rodríguez. Así que mirar lo que hacen en Euskadi -donde también hay problemas de escasez y carestía de la vivienda- puede anticipar lo que quiere hacer el Gobierno central. Desde 2015, todo lo que se construye en VPO en Euskadi es en régimen de alquiler. No se pueden descalificar nunca las viviendas, siempre mantienen ese carácter de vivienda protegida y dentro del parque público de vivienda. En el País Vasco se está construyendo el 23% de las viviendas públicas de alquiler de España pese a ser solo el 4,6% de la población.

«No existen varitas mágicas, pero tampoco hay que poner palos en las ruedas porque las medidas no van a dar resultados de forma inmediata», se justificó la ministra de Vivienda en su comparecencia en el Congreso. Pero hasta sus socios de coalición acusaron al Ejecutivo de no estar haciendo todo lo posible ante la crisis de la vivienda. Y seguramente tampoco otros.

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