Los vasos y los platos de Duralex siguen sin romperse

La mayoría de sus 227 asalariados respiran aliviados tras la sentencia del 26 de julio del Tribunal de Orléans, que puso punto final a meses de incertidumbre después de que el grupo entrara en concurso de acreedores en abril. Tanto en 2017 como en 2020 la empresa ya había hecho frente a procesos judiciales parecidos. Después de que hace cuatro años el grupo propietario de Pyrex -otra conocida marca de utensilios de cocina- se hiciera con la planta, la crisis energética tuvo un gran impacto en su funcionamiento, y estuvo prácticamente paralizada durante el otoño invierno de 2022.

Pese haber recibido una ayuda estatal de 15 millones, Duralex cerró 2023 con unas pérdidas de 12 millones, tras registrar una cifra de negocio de 24,6 millones, es decir, 6,4 millones menos que el año anterior. Al coste de la electricidad se le sumaron las dificultades del sector de la cristalería en Francia, donde las ventas cayeron un 19% en 2023.

Esas dificultades no impidieron que dos empresas quisieran hacerse con el control de la fábrica. Una de ellas quería suprimir unos 50 puestos de trabajo, y la otra, un centenar. «Estuve buscando nuevos accionistas, pero sólo tuvimos mayo y junio y ninguno parecía realmente interesado. Sus proyectos no eran serios», asegura François Marciano, director general de Duralex. Por eso se decantó por la Scop.

Uno de los argumentos que satisficieron tanto a los jueces como a los trabajadores fue el hecho de evitar la supresión de empleos. «Ha permitido continuar con el funcionamiento de la fábrica sin que haya ningún despido ni reducción de sueldos, que era lo que temían la mayoría de los empleados», explica Vasco da Silva, secretario del comité social del grupo y militante de la CFDT. El sindicato con un mayor número de afiliados en Francia ha tenido un rol destacado en la conversión de la empresa en cooperativa. «Si ahora con 240 asalariados nos cuesta hacer funcionar la planta, no nos podíamos permitir más recortes en los puestos de trabajo», añade Marciano.

Según el director general, «ahora hemos vuelto a ser una empresa familiar. Los empleados trabajan en beneficio de sus intereses y eso ha repercutido de manera inmediata en su comportamiento. Ahora vigilan mucho más a la hora de apagar las luces, al gasto energético». De los 227 empleados, unos 140 ya se han convertido en propietarios del capital de la cooperativa. Cada uno de ellos invirtió unos 500 euros -algunos más- en la compra de acciones. «Espero que en cinco años todos sean accionistas», sostiene Marciano, quien justifica por la dificultad de poner 500 euros de golpe el hecho de que decenas de asalariados no se sumaran al proyecto.

Todos los trabajadores-accionistas han pasado a formar parte de una asamblea general que elegirá a un comité de vigilancia de la dirección. Si la fábrica logra beneficios, se destinarán a incrementar los ingresos de los empleados o a invertir en la planta. «Hemos acordado con la dirección que actúe de modo transparente, porque hasta ahora los propietarios hacían operaciones de tesorería y maquillaban los resultados», explica Da Silva. Para este operario de uno de los hornos, esta democratización de la vida empresarial tiene una ventaja: los trabajadores determinarán las necesidades y las inversiones.

Pese a que la mayoría de los empleados comparten estos argumentos, la cooperativa no entusiasma a todos los miembros de Duralex. Curiosamente, se opuso a esta iniciativa el delegado de la CGT, el segundo sindicato en Francia y más a la izquierda que la CFDT. En concreto, el cegetista François Dufranne defendía que el grupo pasara a manos de la cristalería Tourres et Compagnie, al considerar su oferta más viable. Criticó durante el juicio la instrumentalización política del proyecto cooperativo: «Me parece que la presentación de la Scop ante el Tribunal de Comercio fue demasiado política. No confío en ellos (las autoridades locales) para el futuro de Duralex».

Tanto el Ayuntamiento de Orléans (de derechad) como el ejecutivo de la región Centro-Val de Loire (en manos socialistas) aportaron un apoyo económico clave para que los jueces se decantaran por la Scop. Según Maryline Filippi, profesora en la Universidad de Burdeos y experta en la economía social y solidaria, las cooperativas «suelen caracterizarse por durar más tiempo que las empresas convencionales y por despedir mucho menos a sus trabajadores». Esto contribuye a que su modelo seduzca a las autoridades locales, sobre todo en aquellos territorios amenazados por la desindustrialización.

El hecho de tratarse de una marca tan conocida ha multiplicado la repercusión social de la nueva andadura de Duralex. «Hacemos frente a un tsunami de demandas de personas de todos los continentes», afirma Marciano. Los pedidos aumentaron un 300% en la web tras el anuncio de la transformación en cooperativa. La nueva dirección confía en que este apoyo social no quede en una moda veraniega y sirva como rampa de salida a la iniciativa.